Aparte del problema catalán, la corrupción del PP en Valencia y Madrid, del PSOE en Andalucía o de Podemos en Venezuela e Irán, en España sufrimos múltiples casos de picaresca montada para explotar parásitamente los impuestos de los ciudadanos.
Uno de ellos es noticia estos días: el de las carreteras y demás obras públicas que deben construirse bajo la “perspectiva de género”, dizque en interés de la mujer y de los colectivos LGTBI.
Cristina Cifuentes, la progresista presidenta popular de Madrid, apoyó que la Asamblea aprobara la ley 3/2016, de 22 de julio, de “Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual”, que en su artículo 21 ordena:
“Todas las disposiciones legales o reglamentarias de la Comunidad de Madrid deberán contar con carácter preceptivo con un informe sobre su impacto por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género por quien reglamentariamente se determine”.
Ya están imitándola en el resto de España; y en Madrid aparecieron rápidamente ejércitos de supuestas urbanistas feministas exigiendo cobrar por informes cuyas conclusiones son: se necesitan más y mejores servicios públicos, más iluminación callejera y mayor seguridad; perogrulladas, son demandas generales, incluidas las de los despreciables heteropatriarcas.
Así que en Madrid el no siempre obediente Ayuntamiento podemita acaba de abonarle sin concurso a unas camaradas 52.000 euros por un informe sobre los túneles de circunvalación “desde la perspectiva de género”.
Cuando la perspectiva de género sería algo tan “femenino” como eliminar baches porque el 90 por ciento de las mujeres usan tacones, incluso las LGTBI, que al tropezar se dan unos trompazos morrocotudos.
Aunque, dada su extraña simbiosis con el islamismo, las neofeministas-L quizás quieran establecer la segregación de hombres y mujeres en vehículos, piscinas o espectáculos públicos
