Acaba de celebrarse en Pozuelo, al lado de Madrid, el multitudinario funeral por Diana Quer, con asistencia de sus padres, los de Mary Luz Cortés y Marta del Castillo, la madre de dos niños acuchillados y quemados por su padre, José Bretón, y Rocío Viétez, madre de las dos niñas descuartizadas con una sierra radial por su padre David Oubel.
Monstruos: violadores como el de Diana, pederastas como el de Mary Luz, sádicos odiantes como Bretón, o depravados como Oubel, que mató troceando a sus hijas para demostrarle a su amante homosexual la pasión que sentía por él.
Las familias, la de Marta sin haber recuperado aún su cadáver, enviaban un mensaje a los españoles para pedirles que impidan que todos los partidos, con excepción del PP y dos regionalistas -y con la decepcionante abstención de Ciudadanos-, deroguen la prisión permanente revisable, en vigor desde 2015.
Pena sólo para casos excepcionalmente graves como genocidio, el homicidio del Rey o su heredero, de jefes de Estado extranjeros, asesinatos en serie, los cometidos desde una organización criminal, y contra menores de 16 años o personas especialmente vulnerables como las discapacitadas.
La cadena perpetua existe en casi todo el mundo civilizado, pero la española es revisable tras el cumplimiento de 25 a 35 años, por si es posible la reinserción social consagrada constitucionalmente sin otro condicionante, porque tras el franquismo los constituyentes eran roussonianos: “todo el mundo es bueno”.
La eliminación de la pena de muerte en casi todo occidente, aunque fue sobre todo para evitar ejecuciones tras errores judiciales, se aprobó a cambio de la cadena perpetua para los peores criminales.
Pero en España y aún con la permanente revisable, hasta Adolf Hitler sería libre jurando estar arrepentido antes de 35 años.
