Opinión

Cabeza abajo

El sectarismo nubla la razón y abre las puertas al ridículo, uno de los peores registros en los que puede incurrir un político. Ayer desde Waterloo (Bélgica), el prófugo Carles Puigdemont se atrevía a pontificar acerca de lo que es y deja de ser delito -según su parecer se puede investir presidente de la Generalitat a un preso preventivo (Jordi Sánchez) que está acusado de sedición.
Hoy, el último episodio del penoso retablo protagonizado por los separatistas está fechado en la localidad leridana de Cervera. Una población de alrededor de 10.000 habitantes que en el pasado, durante la Guerra de Secesión (principios del siglo XVIII), optó por apoyar la causa del pretendiente Borbón frente a los partidarios del archiduque Carlos de Habsburgo. El Rey Felipe V agradeció aquel apoyo ordenando la construcción de una Universidad que ha llegado hasta nuestros días y es una auténtica joya de barroco catalán.
Pues bien, tres siglos después de aquella contienda dinástica, el actual alcalde de Cervera, Ramón Royes, parroquiano del PDeCAT (la antigua Convergencia de las sedes embargadas por delitos de corrupción) ha decidido falsear la Historia y ni corto ni perezoso ha ordenado colocar cabeza abajo el retrato de Felipe V que preside la sala de sesiones del Ayuntamiento de Cervera. Un gesto de beocio que pretende borrar el papel de sus antepasados en aquella contienda. Diga lo que diga este alcalde y quienes les apoyan, por mucho que les duela, no puedan evitar la verdad histórica: Cervera fue leal a Felipe V.
Decía Ernest Renan que en la base del nacionalismo está la tergiversación de la Historia y el odio a los vecinos. En ese estadio de irracionalidad se han instalado en los últimos tiempos quienes han traicionado los consensos que durante la transición permitieron alumbrar la Constitución, que, por cierto fue abrumadoramente votada en Cataluña. Piden los separatistas que impulsaron el proceso de sedición y ruptura del marco constitucional que se olvide su deslealtad y los delitos cometidos durante el 'procés'. Pretenden que los jueces y fiscales dejen en suspenso la aplicación de las leyes que les obligan a perseguir los delitos. Si así fuera, sería el Estado quien terminaría cabeza abajo. Ni un paso, pues, en esa dirección.

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