¿Dónde estoy?  > Opinión > Cartas al director

Nuestra democracia no puede presumir con tanto aborto dentro. La ley orgánica 9/1985 que lo despenaliza (artículo 417 bis del Código Penal) sólo sirvió para amparar —legal e ilegalmente— la destrucción de 1.200.000 españolitos.

La tasa de reemplazo generacional (2,1 hijos/mujer) nos queda lejos (1,34), la mujer opta por la maternidad a la edad en que sus madre ya era abuela, la cifra de estériles aumenta y se buscan niños en mercado oriental o de probeta... aún así la masacre no ralentiza el ritmo; al contrario: en 2006 el Ministerio de Sanidad registra 101.592 abortos de quirófano y eso sin computar los que salen váter abajo tras ingesta de cóctel hormonal RU-486, PDD o efecto DIU. Un holocausto escandaloso sostenido por un team letal: ley & omertá.

La ley 9 se redactó desde la represión intelectual para enmascarar la repugnancia que suscita el acto abortivo. Su justificación invocaba: 1) La demanda social falsificando la estadística de tal demanda 2) Un ‘nuevo’ derecho humano a abortar eludiendo el básico a la vida del niño 3) La vaselina verbal del IVE en lugar de la cruda del crimen 4) El avance social obtenido por nepotismo contra el débil 6) Un embrión sin status personal pese a poseer genoma idéntico en toda su biografía.

Cuando los think-tank engendran cultura de la muerte, el Estado pare milongas y la gente traga la opinión dominante para no meterse en líos. Queda la Iglesia, sola y a contracorriente, proclamando que la persona y no el Estado es el sujeto sobre el que pivotan los Derechos Humanos; y que éstos igual cabe falsificarlos por inflación que por recorte. Sin este balón de oxígeno el cuerpo social respiraría un letal humo de mentira y omertá.

Pero las bases de los partidos ya están hartas de pegar carteles y reclutar voto: desean participar en la confección de programas para introducir entre otras, la hipótesis del aborto como drama personal, fracaso social y acto pseudomédico de contenido antisocial, antivida y antiprogreso. Aire.