Cartas al director

¿Quo vadis, cataluña?

Todas las decisiones políticas que afecten a la soberanía nacional y ciudadana han de tomarse siempre dentro de un marco legal. En el caso de Cataluña, respetando la legalidad constitucional. Ahora bien, si algunas leyes han quedado obsoletas y no se ajustan a la realidad y circunstancias actuales, habrá que cambiarlas. Del mismo modo, si el articulado de la Constitución necesita ser actualizado, habrá que ponerse manos a la obra. Pero ello requerirá seguir un proceso ágil, que no se dilate excesivamente en el tiempo. Mientras tanto, todos estamos obligados a respetar las leyes vigentes. Sin excepciones. Sin subterfugios. Todo lo que se haga al margen de la ley es un delito inapelable. Y en el caso de Cataluña, digámoslo alto y claro, se trata de un flagrante delito de sedición. Y alguien tendrá que responsabilizarse y asumir las consecuencias.
Hemos de reconocer, sin embargo, que la pasividad del Gobierno a lo largo de los últimos cinco años, propició que se haya llegado a esta situación. Tendría que haber existido fluidez de diálogo, mayor rigor en las negociaciones, y voluntad de llegar a soluciones consensuadas. Aunque, eso sí, contrapartidas las justas. Sin paternalismos. Porque podría resultar más caro que Cataluña continúe siendo una comunidad autónoma de España, a que se vaya y se instituya como República independiente. No obstante, ironías aparte -pues de trata de un asunto muy serio y de máxima gravedad política-, su continuidad sería muy deseable para que en este país llamado España, podamos disfrutar de una saludable convivencia. Sin fisuras. Sin estrategias perversas. Sin arrogancias. Sin ganas de enredar.