La Xunta, tras un trabajo definido como intenso y con un exhaustivo estudio de cálculos, ha puesto sobre la mesa cómo atajar el "gran negocio" de Audasa a través de la amortización por vía presupuestaria de las obras ejecutadas de ampliación de la AP-9 de modo que se eviten las subidas de tarifa extraordinarias previstas para los próximos años.
Apuesta por considerar consolidadas las ya implementadas, y revisando las condiciones del cuestionado Real Decreto 1733/2011, cree que un pago anual de la Administración a la concesionaria durante un lustro de 53,19 millones de euros evitaría nuevos incrementos extraordinarios de peajes.
Esta es la primera medida expuesta, mientras que la segunda pasa por la anunciada bonificación del 25% en el coste para aquellos usuarios que realizan un mismo trayecto de ida y vuelta en el mismo día, a aplicarse tanto en el viaje de ida como en el de vuelta -controlable con el dispositivo OBE- y que beneficiaría igualmente a vehículos pesados y, al conjunto, todos los días, incluidos fines de semana.
El coste anual, para el primer año, se estima en 12,9 millones de euros, señalaron en rueda de prensa la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, y el director de la Axencia Galega de Infraestructuras, Francisco Menéndez.
Vázquez indicó que se da respuesta a un "clamor social" y ha incidido en que los términos del acuerdo vigente suponen un "gran negocio" para Audasa con aspectos que resultan "desconcertantes", a la par que otros que ve directamente "escandalosos".
La intención es elevar estos planteamientos a todos los foros en los que sea posible, conseguir el respaldo de la totalidad de partidos y trabajar "desde la responsabilidad", algo en lo que no tiene cabida el "rescate", con el que solo ganaría Audasa -dijo- y que "sería inviable".
Recordó que está prevista una subida de un 1% (anual y acumulativo en los próximos 18 años) para compensar la inversión en las obras para la ampliación de capacidad de la autopista, entre ellas las del Puente de Rande. A esto se añaden los incrementos entre 2018 y 2020 para compensar el establecimiento de bonificaciones en el peaje de vehículos ligeros en los tramos de Pontevedra-Vigo (se bonifica la vuelta), Pontevedra-Morrazo, Pontevedra-Vilaboa y Rande-Vigo. Y se añade lo que propicie el IPC. Esta situación da lugar a que los peajes de 2025 subirán, en función del IPC, entre un 18% y un 24% en 2025, de forma que a este ritmo el viaje entre A Coruña y Vigo tendrá un coste de unos 20 euros. Ethel Vázquez alerta de cómo estos incrementos de precio provocan un aumento de los desplazamientos por carretera que van en detrimento de la seguridad vial: entre enero y octubre de 2018 hubo 11 víctimas mortales en la N-550, de Pontevedra a Porriño.
Ethel Vázquez dio por hecho que Audasa irá a un contencioso pero recordó que ya hay "precedentes de poder revisar a la baja" como el acuerdo que firmaron el gobierno bipartito de Touriño (PSOE) y Quintana (BNG) y Fomento. n
