Los pisos, cuyo alquiler no superará los 125 euros, se adjudicarán a colectivos con dificultades
La Xunta de Galicia gestiona ya 170 viviendas que serán adjudicadas, preferentemente, para realojar a los afectados por ejecuciones hipotecarias o desahucios por impago del alquiler. También se estudiarán los casos de familias que se encuentren en situación de especial necesidad.
Del total, 100 han sido cedidas por Abanca, 20 por Caixa Rural Galega y 50 por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Además, a este proceso se suman los 2.800 inmuebles de promoción pública de la Xunta.
Las viviendas, que se entregarán limpias y con los electrodomésticos básicos, serán destinadas al alquiler social, es decir, a personas que, en teoría, no tengan capacidad para pagar una en el mercado libre.
La solicitud de este tipo de inmuebles puede llegar a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo o a través de los servicios sociales autonómicos y municipales.
Respondiendo a criterios como el número de miembros o los ingresos familiares se establecerá una renta que alcanzará, como máximo, los 125 euros mensuales, aunque dependiendo de la situación podría llegar a ser gratuita. El importe del arrendamiento y la adjudicación se modulará también con el objetivo de proteger a menores y a mayores con discapacidad.
En julio, se adjudicarán en Galicia las diez primeras viviendas cedidas por la Sareb. Dos en la provincia de A Coruña, una en Culleredo y otra enFerrol y, las ocho restantes, en la provincia de Pontevedra, una en Porriño y siete en Vigo.
El director del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García supervisó ayer , junto con la delegada territorial de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, el primer piso que será entregado en el marco del convenio con la Sareb. Se trata de un inmueble de dos habitaciones cuyo promotor no pudo atender al pago del préstamo, por lo que se procedió a su ejecución hipotecaria. La vivienda pasó a ser de una entidad financiera que, posteriormente, traspasó sus activos a la Sareb.
Durante la visita, el director del IGVS declaró que las entidades deben "apelar a la conciencia social". Además, aclaró que a propósito de la pretensión de las mismas de deshacerse de estos activos, "la ocupación de forma transitoria no supone para ellos un impedimento, ya que les permite en un momento determinado volver a poner en valor su patrimonio", matizó .
Este periodo transitorio de ocupación del inmueble en concepto de alquiler social será de tres años en el caso de las entidades financieras y de cuatro años si la que cede las viviendas es la Sareb.
El objetivo es "recuperar las viviendas vacías propiedad de personas jurídicas cuya actividad primordial no está sujeta al mercado inmobiliario", expuso ayer Heriberto García, que comunicó también el inicio de la tramitación de un decreto del censo de viviendas vacías para identificar aquellas vinculadas a entidades de crédito para destinarlas al alquiler social. n
