La primera intervención en la futura Ciudade da Xustiza se retrasa hasta febrero elevando el presupuesto en 700.000 euros
El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer que su Gobierno dio luz verde al proceso de contratación de la segunda fase de las obras de la Ciudade da Xustiza de Vigo, por un importe que asciende casi a 30 millones de euros.
Además, el presidente de la Xunta se refirió también a la ejecución de la primera fase del proyecto, que consistía en la demolición de los elementos no aprovechables del viejo hospital y se prevé que finalice en el mes de febrero, ya que la aparición de amianto, un material ahora prohibido, derivó en un sobrecoste de 700.000 euros y en sesenta días de retraso.
Según recordó, se trata de una obra que permitirá adaptar el antiguo complejo del hospital Xeral para convertirlo en un moderno edificio que albergará 35 unidades judiciales siendo una importante obra por lo que la Xunta no quiere dejar nada a la "improvisación" y licita ya la segunda fase de obras. El contrato asciende a 28,5 millones de euros y prevé un plazo de ejecución de 21 meses, aunque la cuantía total de esta segunda fase es de 29,1 millones después de incluir el resto de contrataciones asociadas como dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud. De estos, tal y como explicó, 12,2 están presupuestados en la anualidad de 2018 y 16,9 en la de 2019.
Con la licitación está previsto que la adjudicación tenga lugar en abril de 2018 para dar cumplimiento a los calendarios previstos.
La aparición de amianto dispara las "alarmas" en los juzgados
La existencia de elementos contaminados con amianto ha generado la alarma entre los trabajadores de los juzgados, cuya junta de personal ha manifestado en un escrito enviado a Vicepresidencia no entender "cómo es posible que después de que hubiéramos advertido y preguntado por la existencia de este material, algo que según se nos comunicó no había constancia, ahora se retrasa dos meses la obra precisamente por la necesidad de eliminarlo". Además, los representantes sindicales de los funcionarios judiciales se quejan de "el oscurantismo" que dicen ha rodeado el acceso a la documentación sobre el proyecto de derribo para la adaptación del edificio. En su escrito piden que la Administración autonómica "cuantifique cuánto dinero supondrá en el presupuesto inicial el retraso de dos meses en las obras de demolición" como consecuencia de la retirada de todos los elementos contaminados con amianto. En este sentido recuerdan que en la última reunión que mantuvieron con el arquitecto de la obras, éste les indició que "aunque no se había encontrado mucha cantidad de amianto había lugares donde estaba adherido al hormigón, dificultando su retirada". n
