La mujer solicita a las administraciones un piso de alquiler
Una viguesa de 50 años víctima de malos tratos que acaba de ser desalojada de un piso en el que vivió de okupa con uno de sus cuatro hijos, en paro, aseguró ayer que las administraciones la "obligan a delinquir" tras siete años a la espera de una vivienda social. Eugenia Alonso está procesada por un delito de usurpación por ocupar desde mayo de 2014 el piso inferior del que fue desahuciada por impago del alquiler. La casa costaba 400 euros, comunidad incluida, y ella contaba con unos ingresos de 426 euros de ayuda familiar. Desde el miércoles duerme en un trastero, por lo que reclama "un habitáculo donde meter" sus "miserias alegrías", y si Xunta ni Ayuntamiento no le dan una solución, avisa de que "dentro de tres meses me volverán a echar a la fuerza". "Nunca dormí en la calle y no lo voy a hacer ahora de vieja", subraya Geni.
Esta mujer se queja de que uno de los motivos por los que le deniegan una ayuda social "es porque estaba cometiendo un delito por vivir de okupa, pero no tienen en cuenta que llevo siete años esperando por una vivienda social pese a formar parte de un colectivo prioritario, el de víctimas de violencia machista".
"La administración que la coloca en esta situación ahora lo utiliza de excusa para denegarle una ayuda", terció su abogada y representante de la Oficina de Derechos Sociales de Coia, Esther Lora, quien pronosticó que su cliente será absuelta de la causa penal abierta en su contra.
Eugenia Alonso reprobó que todo lo que recibió de los representantes de la administración son "palmaditas en la espalda y a ver qué hacemos", y reivindicó que lo que necesita es un alquiler social "para poder sobrevivir".
También se ha quejado de que haya en Vigo viviendas de propiedad municipal vacías y del criterio que rige en la asignación de viviendas sociales. n
