la abogada Ana García Costas colaboradora de la asociación faraxa ha ejercido de acusación particular en estas causas
La abogada penalista viguesa Ana García Costas sabe muy bien cuál es el protocolo que se sigue con los testigos protegidos en el caso de trata de seres humanos. Colaboradora de Faraxa, la asociación que en la ciudad se encarga de ayudar a este colectivo de víctimas, recuerda que “Galicia es el único lugar de España donde a la víctima de trata se le otorga el derecho a acceder a un centro de emergencia al ser considerada como una víctima de violencia”.
De hecho, un juzgado de lo Social de Vigo fue el primero en reconocer, tras un recuerso interpuesto por la letrada, la Renta Activa de Inserción (RAI) a una de estas mujeres. “Gracias al protocolo entre Xunta, Fiscalía, Guardia Civil, Policía y ONGs, y al reconocimiento de la Ley Gallega, podemos ayudar a que las personas que denuncian contra estas organizaciones puedan rehacer su vida”.
García Costas asegura que “ser testigo protegido en España no lleva consigo ningún tipo de ayuda, es un simple procedimiento judicial para salvaguardar la identidad. Diferente es cuando a dicho testigo se le considera víctima, como es el caso de las redes, que generan el mayo número de casos en Vigo”. La letrada reconoce la dificultad para estas mujeres que llegan a un país desconocido y que son sometidas a denunciar y pedir ayuda. “En la mayoría de los casos, ni siquieran llegan con su verdadera identidad, por lo que no hace falta que la cambien una vez se las proteja. Normalmente, se les da un pasaporte falso, previo pago”, explica.
La abogada ha ejercido como acusación particular en representación de estas víctimas como colaboradora de la asociación Faraxa. Los testimonios aportados, en algunos casos, como en la trama nigeriana que rescató a menores en Toledo, son especialmente violentos. Las mujeres fueron sometidas a todo tipo de agresiones físicas y psiquícas además de amenazas mediante ritos de vudú.
