La Xunta destina en 2019 unos 52,4 millones en la ciudad a política social, el 15% más
n n n Vigo supone ya el 50 por ciento de todos los beneficiarios de la Renta de Integración Social de Galicia (Risga) en la provincia, pese a que en términos poblacionales equivale al 33 por ciento. También el 23,5 por ciento de Galicia, cuando equivale al 12 por ciento de la comunidad. A día de hoy hay una media de 2.500 personas en la ciudad (en noviembre fueron 2.383) que reciben la Risga, entre 403,38 euros al mes mínimo y 726 euros máximo si hay menores a su cargo, una renta destinada a personas sin otros ingresos y que se puede disfrutar de forma indefinida hasta que mejore su situación. Se puede estimar en unas 5.000 las personas directa o indirectamente beneficiadas por esta ayuda.
Según los cálculos de la Xunta, ayer expuestos en rueda de prensa por el delegado, Ignacio López-Chaves, la suma de Risga y ayudas de inclusión social supuso un desembolso de 12 millones en los 11 primeros meses del año en Vigo. En el área se superan los 14 millones y son 32.923 los beneficiarios de la Risga. Más datos: la Consellería de Política Social prevé en sus presupuestos para Vigo un gasto de 52,4 millones, un 12,5% de incremento respecto a este año. "Un esfuerzo inversor que permitirá abrir una nueva residencia de mayores con 150 plazas en la ETEA y una guardería infantil en la futura Ciudad de la Justicia", señaló. En cuanto a los tiempos de tramitación, la Xunta destacó que Vigo es el ayuntamiento del área que más tarda en enviar los expedientes de la Risga -los trabajadores sociales municipales son los que evalúan las peticiones- a la Administración autonómica, superando los cinco meses y medio, según las estadísticas que manejan. La tramitación autonómica se resuelve a continuación en 24 días desde que entra la solicitud en la jefatura territorial, señaló López-Chaves. Lamentó que el refuerzo de personal para los Servicios Sociales aprobado en el marco del Plan Concertado, en el que el Ayuntamiento de Vigo resultó beneficiado con 15 trabajadores más (11 en 2016 y 4 en 2017), no se había dejado notar en positivo. “La política social en este ámbito debe ser una prioridad para el Concello”, dijo el delegado de la Xunta. “Esta tardanza, de cerca de 160 días entre la fecha de solicitud al Ayuntamiento y la de registro de entrada en la Xunta, no se puede dar por válida, ya que los principales perjudicados son los vecinos de Vigo”, opinó. El Gobierno gallego dará luz verde este mes al decreto que permitirá por primera vez que la Renta de Integración sea compatible con ingresos laborales. n
