Un juzgado suspende la exigencia de empadronamiento y el alcalde culpa a Feijóo: "Es la ley de que Vigo pague todo" porque el auto señala que conculca la ley de acompañamiento de los presupuestos gallegos
El juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo ha emitido un auto, en el marco de las medidas cautelares solicitadas por el Concello de Redondela, que ha interpuesto el recurso, en el que obliga al Concello de Vigo a eliminar la restricción del empadronamiento a la hora de otorgar las tarjetas para la bonificación del autobús urbano de Vitrasa, que hasta ahora tramitaba solo para censados en la ciudad, la PassVigo.
Según el auto, el Concello de Redondela presentó un contencioso después de haber hecho un requerimiento previo a la junta de gobierno de Vigo que no tuvo respuesta. En dicho contencioso solicita que se elimine la exigencia de estar empadronado en la ciudad para poder ser beneficiario de la tarjeta PassVigo, que permite bonificaciones en el servicio de bus urbano.
El magistrado señala en su resolución que esta exigencia no está específicamente recogida ni en el convenio firmado entre el Concello de Vigo y Abanca para modernizar las tarjetas, ni en las instrucciones aprobadas en junta de gobierno local para tramitar las solicitudes de la PassVigo.
Asimismo, justifica la suspensión de ese requisito porque, mientras no se resuelva el contencioso, "los perjuicios derivados de mantener la exigencia de empadronamiento se generarían continuadamente a un número indeterminado de personas", no solo de Redondela, sino de cualquier otro lugar de procedencia.
Por contra, la eliminación de ese criterio, que viene siendo de facto un "aplazamiento de la entrada en vigor", causa "tenues perjuicios" al Concello de Vigo al que, en caso de que los tribunales le den la razón, "le bastaría con anular las tarjetas" de los no censados en la ciudad.
En el auto se señala que la medida de exigir el empadronamiento conculca la Ley 2/2017 de la Xunta, de acompañamiento a los presupuestos de ese año, así como la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, y el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
Tras conocer el auto, el alcalde, Abel Caballero, compareció para apuntar directamente al presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, que aprobó la ley de acompañamiento de los presupuestos "para que Vigo le pague el autobús a todos los que vienen de fuera a la ciudad".
Caballero avanzó que su gobierno utilizará "todos los mecanismos para defender Vigo contra los ataques de Feijóo" y expresó su convencimiento de que, al final, ganará esta pugna en los tribunales, porque esa ley de acompañamiento es "inconstitucional" y atenta contra la autonomía municipal.
No obstante, lamentó que, "por el camino", la decisión judicial costará "cientos de miles, o incluso millones de euros" a los ciudadanos vigueses. "El coste será astronómico y tendrá gravísimas repercusiones en las arcas municipales", aseguró, porque se trata de un procedimiento largo. El regidor acusó directamente al presidente de la Xunta de ponerse "de acuerdo" con los alcaldes del PP de Redondela y Mos para, después de que Vigo anulase el convenio del transporte metropolitano, introducir en la ley de acompañamiento criterios que impiden tramitar bonos de transporte para empadronados.
