PLENO DEL CONCELLO DE VIGO

El Valedor do Pobo ve anomalías en el concurso que perdió San Francisco

Usuarios y familiares de San Francisco asistieron ayer por la mañana al debate plenario.
photo_camera Usuarios y familiares de San Francisco asistieron ayer por la mañana al debate plenario.

El pleno de la Corporación municipal pide de forma unánime a la Xunta que resuelva el conflicto de este centro

Todos los grupos políticos del Concello, PSOE, BNG y también el PP, pidieron ayer por unanimidad a la Consellería de Traballo una solución para evitar el cierre del centro de discapacitados intelectuales San Francisco (Agasfra), después de que la Xunta sacase en agosto sus plazas a concurso público y las adjudicase provisionalmente a un geriátrico de Mos.El proceso estaba paralizado por el Tribunal Administrativo Central por un recurso presentado por la entidad, pero ayer se levantó la suspensión y la Consellería de Traballo anuncia que sigue su curso, a menos que hoy haya otro recurso, porque es un procedimiento legal y objetivo y no hacerlo sería contrario a la legalidad vigente. La Xunta dijo que “estudiará posibles vías de colaboración futuras con el centro para la realización de servicios complementarios a los usuarios” y que los usuarios podrán optar a “un servicio público adaptado a sus necesidades próximo a su domicilio”.
 El presidente de Agasfra, Eladio Fernández, explicó en el pleno la situación de la entidad que atiende a 73 discapacitados. “Quieren ocultar a nuestros hijos a la sociedad, pero las familias no van a parar”.
La batalla de San Francisco se libra ya a nivel autonómico porque tienen el apoyo de 30 entidades de iniciativa social de toda Galicia, que están preocupadas por la nueva política de la Xunta, y porque el Valedor do Pobo emitió un escrito   demoledor en el que da la razón a San Francisco y enumera un cúmulo de anomalías en el concurso convocado por la Consellería, a la que pide más información. 

critican la “crueldad”
El siguiente paso es la comparecencia de la conselleira Beatriz Mato mañana en el Parlamento y la asociación anuncia que se concentrarán a las puertas del edificio.
La concejala del BNG Iolanda Veloso criticó a la Xunta en el pleno por sus políticas “agresivas, violentas y crueles contra las personas en situación de dependencia” y criticó que “se hagan pliegos de condiciones a la medida de las empresas, poniendo en peligro la calidad de la vida de las personas”.
La edil socialista Isaura Abelairas lamentó la “falta de sensibilidad”, la “inmoralidad” y el trato a estas personas como “mercancía” por parte de la Consellería, además de recordar que las personas discapacitadas tienen derecho a elegir, a la estabilidad y a tener condiciones que favorezcan su integración.
El portavoz del PP Chema Figueroa dijo que “darán la cara” por apoyar a San Francisco y que están intentando mediar ante la Xunta para que los 73 usuarios de San Francisco se puedan quedar allí.
Por último, el alcalde, Abel Caballero, anunció que ayer mismo comunicaría la decisión del pleno a la Xunta y que si en 15 días no hay respuesta convocará un pleno extraordinario para tratar el asunto.
Todas las intervenciones fueron aplaudidas por el público, formado mayoritariamente por usuarios, familiares y trabajadores de la asociación San Francisco.
Si el pleno dejó clara la postura de la ciudad, el Valedor do Pobo fue a su vez contundente, al señalar que el proceso emprendido por la Consellería de Traballo e Benestar “puede resultar perjudicial para las personas usuarias y afectar a alguno de sus derechos”, el primero de ellos no contar con la voluntad de los afectados como exige la ley, y para aclarar que “existían alternativas legales para mantener el sistema de financiación pública de las plazas de Agasfra”.
El Valedor recibió 195 quejas de San Francisco, la mayoría de familiares, trabajadores y sindicatos, así como un escrito de 30 entidades de iniciativa social con centros que atienden a estas personas.
Entre las críticas que menciona está el hecho de que la Consellería no especifica ni concreta por escrito a qué deficiencias arquitectónicas y de seguridad se refiere con respecto a San Francisco (la entidad invirtió 800.000 euros en la adaptación de sus instalaciones, conseguidos de entidades privadas y fondos propios)  y que en todo caso la entidad tenía un autorización provisional, suficiente para trabajar como reconoce la Xunta. Considera falsa, a la vista de la documentación, la afirmación de la Consellería según la cual las plazas de los usuarios de este centro nunca estuvieron concertadas y señala que no se explica por qué en el caso de Vigo se optó  por un concurso público cuando en otros casos se mantuvo la relación que había o se optó por un procedimiento negociado. Además, echa en falta cosas en el pliego de condiciones del concurso, como contar con la voluntad de usuarios y familias como exige la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad, y garantizar  la especialización del servicio, la estabilidad, la capacidad de integración o la cercanía. El Valedor coincide con los afectados en que “estamos hablando de la vida de personas que tienen derecho a elegir” y que “un cambio drástico en sus condiciones de vida es posible que lleve a situaciones de desarraigo, sufrimiento y angustia al verse arrancadas de su entorno habitual”.n

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