La concesionaria alega que el Concello ha incumplido las condiciones de adjudicación
nnn La concesionaria del Auditorio de Vigo, la UTE Pazo de Congresos SA formada por Puentes y Calzadas, Sacyr-Testa y Abanca, reclamó ayer ante el juzgado de lo Contencioso número 2 de Vigo el cambio del contrato de la concesión al entender que el Concello ha incumplido las condiciones suscritas en 2008. En concreto, la UTE quiere “reequilibrar” ese contrato ya que pese a la inversión inicial de 60 euros no han obtenido el rendimiento previsto. Durante el juicio, se alegó que “la construcción del Auditorio estaba ligada a una transformación urbanística del entorno”, según declaró el director de explotación del edificio, así como la ampliación del túnel de Beiramar y la comercialización de locales. La concesionaria, en definitiva, busca que el juez valide el derecho al cambio del contrato, aunque de momento no señala cuáles serían las nuevas condiciones ni si exigirá, como es probable, una indemnización. El juicio se alargará hasta marzo o abril.
A este respecto, el testigo señaló que “el Concello muchas veces directa e indirectamente ha hecho gestiones para aportar ocupantes al complejo, pero siempre han sido infructuosas”. Añadió asimismo, que el propio Ayuntamiento cuenta con un local cedido, que nunca se ha ocupado y que se lo paga Pazo de Congresos.
En la sala se puso sobre las mesas las dificultades para conseguir el interés de los touroperadores sin garantizar la viabilidad del producto. El pasado año, los fondos propios de la UTE que mantenían de reserva alcanzaban los 10 millones de euros, pero los gastos superaron los 14, lo que suponía perdidas de más de dos millones de euros. Con esta situación, la concesionaria logró una prórroga de contrato y 5 millones del Concello, pero en cambio recibió una negativa municipal a otra aportación de fondos públicos.
La concesionaria ya había planteado una reclamación patrimonial por enriquecimiento injusto para dirimirse en los tribunales. El edificio costó unos 90 millones de euros, de los que 30 fueron aportados por Concello y Xunta. Los otros 60 los habría puesto la UTE, que ahora trata de recuperar su inversión en la parte correspondiente al tiempo que le resta de gestión, entre 40 y 50 millones de euros.
A la vista celebrada ayer y que ahora queda en manos del juzgado de lo Contencioso, declararon cinco testigos y dos peritos.n
