El presidente catalán podría ser inhabilitado para ejercer cargo público de seis meses a dos años
nnn El presidente de la Generalitat, Quim Torra, decidió mantener los lazos amarillos y esteladas en los edificios públicos tras vencer el último plazo dado por la Junta Electoral Central (JEC), a la vez que se comprometió a acatar el criterio del defensor del pueblo catalán sobre si debe reconsiderar su postura. El plazo venció sin que Torra accediese a retirar la simbología alusiva a los políticos presos, de manera que en la fachada del Palau de la Generalitat seguía colgando la pancarta con el lema "Libertad presos políticos y exiliados", junto a un lazo amarillo.
La JEC planteó el lunes por la tarde un ultimátum a Torra al darle un nuevo plazo de 24 horas para que retirase de los edificios de la Generalitat los lazos amarillos y las esteladas, advirtiéndole de que si no lo hacía podría incurrir en responsabilidades penales. Ayer, Torra envió un nuevo escrito a la JEC, en el que insistía en la "imposibilidad de llevar a puro y debido efecto el requerimiento mencionado", alegando que la tipología de gestión de los diferentes centros de la Generalitat "es muy variada", ya que pueden estar en manos de empresas públicas o cedidos a privadas, fundaciones, consorcios o entidades sociales.
consultas al defensor
Tras la reunión del Govern, la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, dijo que Torra mantuvo contacto con el Síndic de Greuges -defensor del pueblo catalán-, Rafael Ribó, para valorar "si se tiene que actuar o no y, en el caso que tenga que hacerlo, dónde, cuándo y sobre qué tipo de pancartas y expresiones". Torra informó al Govern, según Artadi, de que, "esté o no de acuerdo con el posicionamiento del Síndic, seguirá sus recomendaciones", unos criterios que Ribó, según fuentes de la Sindicatura de Greuges, trasladaría de inmediato a Torra.
Pocas horas después, la JEC reaccionó al escrito de Torra y rechazó concederle más tiempo para retirar los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos. La JEC señala que el escrito de Torra no identifica los edificios ni las razones jurídicas que demuestren "la imposibilidad" del presidente de la Generalitat "de ejercer sobre ellos aquello que le fue ordenado", es decir, la retirada de esos símbolos.
Según fuentes del Gobierno central, la JEC puede decidir si traslada los hechos a la Fiscalía o si ordena a las fuerzas de seguridad quitar los símbolos de los inmuebles de la Generalitat, misión de la que se tendrían que encargar los Mossos d'Esquadra. Previamente, la Delegación del Gobierno en Cataluña tiene que informar a la propia JEC, desde la tarde de ayer, "del grado de cumplimiento de su orden de retirar lazos amarillos en los edificios públicos dependientes de la Generalitat", según dichas fuentes. La Delegación del Gobierno remitió a la JEC un escrito en el que detallaba que pasadas las 15,00 horas una docena de edificios del Govern, incluido el Palau de la Generalitat, seguían exhibiendo lazos amarillos.
responsabilidades
En la resolución adoptada el lunes por la JEC para ordenar a Torra que quitase todos los símbolos en 24 horas le avisaba "de las responsabilidades administrativas, y en su caso penales, en que pudiera incurrir" si persistía "en la desobediencia" a sus acuerdos. En concreto, el artículo 410 del Código Penal prevé "multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años" para las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen "abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales". n
