Mientras los procesos judiciales contra las empresas investigadas se prolongan en el tiempo (algunas de las sentencias firmes dictadas durante el año pasado se referían a fraudes detectados en 2009), la ejecución de las mismas por parte de Hacienda se ralentiza a consecuencia de la situación en los juzgados.
La paralización durante tres meses el pasado año dejó en cola miles de ejecuciones.
La dilatación de los procesos, especialmente complejos por la cantidad de documentación y diligencias requeridas, también influye en las propias empresas, objeto de medidas preventivas que han llevado en algunos casos a la quiebra o liquidación de las mismas.
La maquinaria para descubrir las defraudaciones continúa en marcha y las juzgados tienen abiertos varios procesos judiciales a la espera de juicio tras las denuncias de la Agencia Tributaria cuando se detecta un fraude que supera los límites de la sanción administrativa y que puede llevar aparejado otro tipo de delito como la falsificación de documentos. Sólo durante el año pasado, los juzgados impusieron condenas de casi tres millones de euros a otras empresas más pequeñas por eludir sus obligaciones con la Hacienda Pública. La mayoría de empresas condenadas eran inmobiliarias o del ramo de la construcción.
El ‘modus operandi’ habitual, las facturas falsas, bien a través de una única empresa como en el caso de Las 5 Jotas, bien a través de sociedades ligadas al mismo grupo empresarial para justificar pagos de trabajos ficticios.
Actualmente, hay varias causas pendientes en instrucción, una de ellas del sector de la madera, que podrían llegar a juicio a lo largo de este año.
