Reclaman que se paralice la adjudicación del servicio y si no acudirán a los tribunales
Trabajadores, familiares y usuarios del centro de terapia ocupacional de la Asociación Galega San Francisco de Coia se manifestaron ayer por las calles de la ciudad para solicitar que se paralice la “privatización” de este servicio o en último caso que si se adjudica a una empresa de Mos sea para nuevos usuarios que estarían ahora en lista de espera.
Cientos de personas se sumaron a la protesta en la que también participaron la concejala de Bienestar, Isaura Abelairas, la diputada nacionalista del BNG Carme Adán y el diputado socialista Abel Losada, y en el que circularon en caravana los vehículos de transporte de discapacitados.
La Consellería de Traballo e Benestar Social convocó este concurso el pasado día 8 de agosto y lo adjudicó a otra empresa, dejando fuera a San Francisco porque su oferta económica tuvo menos puntuación. Actualmente, ya comprobó que toda la documentación es correcta y tiene 8 días de plazo para comunicárselo a las partes antes de formalizar definitivamente el contrato. Mientras, el convenio firmado en su día con San Francisco terminaba precisamente ayer, aunque la entidad volverá a abrir hoy las puertas en espera de lo que decida la Xunta.
Esta asociación sin ánimo de lucro, creada hace décadas por familias viguesas que tenían hijos con discapacidad, reclamaba una solución por la vía del diálogo pero ya anunció que si se materializa el contrato acudirán a los tribunales, tanto por el concurso en sí como por posibles responsabilidades penales. Un buen número de usuarios y familiares expresaron su malestar por el hecho de tener que desplazarse a Mos y no poder elegir quedarse en un centro en el que llevan años, con monitores a los que conocen bien y al que llegan en muchos casos a pie. En cuanto a los trabajadores, una plantilla de 20 personas, podrían quedarse en la calle porque el pliego de condiciones no contemplaba la subrogación, tal como pusieron de manifiesto los sindicatos UGT, CCOO y CIG. La Xunta alega que no tiene relación contractual con estos trabajadores y que aunque no es su competencia garantizar su empleo sí “hará lo posible para mediar y que la nueva empresa, una vez que se adjudique, pueda mantener a estos trabajadores si cumplen el perfil”. En cuanto a los usuarios, indica que sí tienen posibilidad de elegir: “ la Xunta les da una alternativa, pero si quieren se pueden quedar en San Francisco, es una empresa y puede buscar otras vías de financiación”.
La conselleira de Traballo, Beatriz Mato, recibió el lunes a los representantes de la Asociación Galega San Francisco, aunque no desveló cuáles serán los pasos a seguir y simplemente les dijo que seguirán con el proceso y que después llamarían a los padres de San Francisco para ofrecerles las nuevas instalaciones.
La asociación explicó que la nueva empresa es en realidad una residencia de la tercera edad y que no tiene experiencia en la atención a discapacitados. Asimismo, calculan que esta concesión costará a la Xunta 80.000 euros más por distintos conceptos, entre ellos el coste del transporte.
Por último, agradecieron el apoyo recibido de los grupos políticos del Concello de Vigo, en concreto del PSOE y del BNG, aunque también valoraron el hecho de que el PP se abstuviese porque “demuestra que no están conformes”.
