Un protocolo firmado entre CGPJ y Ministerio de Justicia permitirá mantener al quinto magistrado al ser un apoyo “estructural”
nnn El quinto magistrado de la sección sexta de la Audiencia en Vigo, dedicada asuntos civiles, será uno de los refuerzos que pueda prorrogarse cada seis meses gracias al protocolo que ayer firmaron el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial para agilizar las medidas de apoyo en distintos órganos a nivel nacional.
Según confirmaron fuentes del CGPJ, en Vigo, solamente este refuerzo se incluye en la lista de los 53 de toda España considerados como “estructurales”. Las mismas fuentes indicaron que gracias a este protocolo, la medida se mantendrá mientras sea necesaria para aliviar la carga. La lista especifica refuerzos cuya creación de órganos o plazas se cree necesaria y de esta forma se podrá paliar sus necesidades mientras no sea definitiva dicha creación que depende del Ministerio de Justicia, una vez se haya dado el visto bueno con los presupuestos.
La firma se llevó a cabo ayer entre la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.
Según reza en el mismo, a partir de ahora, la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces podrá prorrogar, por un periodo máximo de seis meses, medidas de apoyo ya acordadas para 53 juzgados y secciones del país con el objetivo de responder ante situaciones de excepcional retraso o acumulación de asunto.
Con el protocolo rubricado ayer, dichas medidas, consideradas “estructurales” por haberse venido prorrogando sistemáticamente durante más de dos años, se dan por autorizadas por parte del Ministerio, según informan ambos órganos en sendos comunicados.
Para aquellas que no pueden considerarse estructurales, el CGPJ deberá comunicar cada mes a Justicia las medidas que tiene previsto autorizar, mientras que el Ministerio, también con periodicidad mensual, debe validarlas y sólo podrá oponerse en caso de insuficiencia económica.
El acuerdo también recoge el sistema de remuneración de los jueces que participen en estas medidas de refuerzo en función de su carga de trabajo. Incluye también una cláusula que establece que las medidas de apoyo que se aprueben no afectarán a las funciones de refuerzo que ya venían realizando los Jueces de Adscripción Territorial (JATs), antes de la entrada en vigor mañana de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece el nuevo régimen de llamamientos.
La sala civil recuperó el año pasado el quinto magistrado de apoyo que tuvo durante dos años y hasta diciembre de 2017 para lograr rebajar las cargas de trabajo que la convirtieron en una de las más atascadas de España. Dicha sección superó los módulos establecidos de carga de trabajo en un 111% y 110% en los años 2016 y 2017 respectivamente.n
