VIGO

Redcom, Blusens y más atrapadas por la trama de Hacienda

La UCO llevaba siguiendo la pista de Casares desde 2017 ante denuncias de empresarios

El edificio de la calle Lalín que alberga la Agencia Tributaria donde se personaron el martes agentes de la UCO de la Guardia Civil.
El edificio de la calle Lalín que alberga la Agencia Tributaria donde se personaron el martes agentes de la UCO de la Guardia Civil.
Redcom, Blusens y más atrapadas por la trama de Hacienda

El líder de la telefonía, en su momento, el grupo vigues Redcom, y la firma tecnológica gallega emergente y de éxito Blusens son las más conocidas y las primeras empresas que han salido a la luz afectadas por la supuesta trama liderada por el inspector de Hacienda Asdrúbal Casares, pero hay más. 

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) llevaba siguiendo la pista del inspector desde la primavera de 2017, tras recibir denuncias de varios empresarios que habían sido víctimas de la trama. La propia Agencia Tributaria ha señalado que la investigación se puso en marcha por una denuncia que interpuso ante la Fiscalía Anticorrupción. Todo ello desembocó esta semana en la detención de Casares y el asesor fiscal Francisco González Pino, que finalmente fue puesto en libertad bajo fianza de 120.000 euros tras prestar declaración ante el juez, así como la investigación de cinco personas más por su supuesta implicación.
La trama operaba al menos desde 2004, año en el que la Agencia Tributaria abre el primer expediente al Grupo Redcom, que terminaría con una imputación y finalmente una absolución por parte del juez al no encontrar ninguno de los delitos que se les imputaban, 15 años de libre albedrío.
El modus operandi era ese y partía de que el inspector abría expediente sancionador a empresas por presuntas irregularidades fiscales, muchas terminaban en juicio por fraude fiscal denunciados por la Agencia Tributaria, la Fiscalía se adhería a la acusación basándose en la presunción de veracidad de  los funcionarios y en muchas ocasiones el juez decía que el delito era inexistente. En pleno procedimiento el asesor fiscal se ponía en contacto con las empresas para ofrecerles sus servicios y hablarles de una fórmula para tratar de solucionar el expediente.
En el caso de Blusens, la investigación se abrió en 2008 y, como en el caso de Redcom, se le acusó de una estafa carrusel de IVA, con un entramado en diferentes países. El inspector le abrió varias actas. La empresa tuvo que liquidar.
Para el propietario de Redcom el calvario continúa porque a pesar de tener una sentencia absolutoria y que el juez obligó a la Agencia Tributaria a devolverle los 8,5 millones de euros que le había retenido,  todavía no ha cobrado nada porque Casares abrió un procedimiento administrativo que paralizó la devolución, no sin antes informarle de que había una fórmula de que todo acabara, previo pago. El empresario se negó.
Para Redcom las pérdidas son incalculables porque además de los fondos que tiene retenidos, en este tiempo tuvo que cerrar 24 empresas y despedir a 320 trabajadores. A todo ello se suma la pérdida de contratos importantes con empresas como Iberdrola, R y Vodafone para no dañar su imagen.
Redcom había firmado con Vodafone un acuerdo para implantar un gran proyecto de un operador virtual y a raíz de la denuncia se anuló el contrato. n