La Autoridad Portuaria viguesa pone en marcha el plan de contingencias para evitar "vandalismo" en el paro
n n n La Autoridad Portuaria da por segura la huelga de la estiba convocada para el 6 de marzo tras la aprobación ayer por el Gobierno del decreto de la nueva regulación del servicio y por tanto ha renovado su plan de contingencias para hacer frente a la paralización de la actividad en los muelles.
Según explicó el presidente del Puerto, Enrique López Veiga, el conflicto laboral, bien convocado y anunciado con el tiempo reglamentado como ha sido el caso, es un derecho que no se cuestiona pero advirtió de que exigirá el cumplimiento de los servicios mínimos, que exigen un rendimiento de, al menos, el 50 por ciento en esa actividad. "Si incumplen, se actuará en consecuencia", indicó.
En este sentido, insistió en que no tolerará daños o actos vandálicos durante la huelga. Para ello, el plan prevé utilizar la videovigilancia que ya existe para controlar la terminal e implementarla"con medios extraordinarios" potenciando el uso de las cámaras de forma que haya un "gran ojo" en los muelles durante los días del paro. No obstante, reconoció que de momento todo el trabajo se hace con normalidad, al contrario de lo que ocurre en otros puertos. Pero insistió que no va a permitir una huelga salvaje y en eso "la inflexibilidad es total , jamás voy a retirar una denuncia por comportamientos vandálicos, o si se viola la ley".
Yendo a asuntos concretos, se mostró preocupado por el efecto que pueda producir sobre PSA si los paros se alargan, "en sus cifras de negocio, a los puestos de trabajo y hará daño a la economía viguesa".
López Veiga insistió en que no había otra opción que la aprobación del decreto por parte del Gobierno para aplicar la sentencia europea que afecta al sector de la estiba .
López Veiga subrayó que el Gobierno está obligado a "acatar la sentencia" del TUE, si no quiere enfrentarse a una multa coercitiva, y ha pedido "cordura" a los grupos políticos, especialmente al PSOE, para que ratifiquen el Real Decreto Ley. En ese sentido, recordó que la actual legislación "es del PSOE", que dio un paso en la liberalización del servicio, "pero no fue suficiente". "Si creen que se puede negociar que digan dónde (...) ¿quién va a pagar la multa?", preguntó. "No es verdad que el decreto vaya más allá de la sentencia europea", y dijo que el Gobierno ha intentado "negociar a fondo" hasta el límite de las "líneas rojas" marcadas por la Comisión Europea. Precisó que el conflicto viene derivado por el temor de que se precaricen las condiciones laborales de los trabajadores de la estiba, y "esas reivindicaciones no se pueden atender por la vía del decreto", sino mediante otras alternativas, por ejemplo, la negociación del convenio.
Por su parte, las operadoras ya habían previsto ante la anterior convocatoria tomar medidas para ajustar las descargas a las jornadas en que no están previstos paros e incluso desviar mercancía a los puertos vecinos de Portugal.
