El cambio en la organización del trabajo en los muelles será de fondo "y muy positivo"
A partir del próximo mes de mayo las operaciones de carga y descarga portuaria se podrán realizar con un 75 por ciento de trabajadores contratados libremente al entrar en su fase final el monopolio de la estiba organizada en las sociedades profesionales (en Vigo, la Sagep), que quedaría reducido al 25 por ciento y eso sólo hasta 2020. La Autoridad Portuaria ya se prepara para un cambio histórico, aunque la decisión final sobre la contratación recaerá en las empresas que mantienen actividad en los muelles vigueses.
El presidente del Puerto, Enrique López Veiga, indicó que para Vigo supondrá un cambio sustancial y positivo por cuanto es la única terminal gallega que cuenta con una Sagep importante, que hasta ahora contaba con la organización en exclusiva de la estiba y también fija los precios, más altos que en otras ciudades.
En Marín, competencia directa, no hay sociedad de estiba y las navieras contratan directamente con trabajadores a precios lógicamente menores, lo que llevó al traslado de Maerks a la Ría de Pontevedra. El mismo camino estuvo a punto de recorrerlo MSC, y sólo la una bonificación.
Según los datos del Puerto vigués, sólo en Bouzas la liberalización de la carga y descarga supondría un ahorro de un millón de euros para las firmas cargadoras. “Todavía no será la liberalización completa, pero ya resulta suficiente con el 75 por ciento para que haya un cambio muy relevante y por supuesto muy positivo”, indicó el titular de la Autoridad Portuaria viguesa.
NUEVO CONFLICTO
Sobre las posibilidades de que haya nuevos conflictos laborales, López Veiga reconoce que es un riesgo real, si bien considera que Puertos del Estado no dará marcha atrás al Real Decreto aprobado por el anterior Gobierno por el que acababa con el monopolio de la estiba. Recordó el titular de la Autoridad Portuaria que se trata de la transposición de una normativa comunitaria de obligatorio cumplimiento por el Estado español, que en caso contrario se arriesgaría a una fuerte sanción por parte del tribunal de la UE y de la Comisión Europea.
