La propietaria en la actualidad del Panificadora, la firma Promociones Montelouro SL, estima por vez primera a cuanto debería ascender el pago por parte del Concello y Zona Franca, las instituciones promotoras, para hacerse con el conjunto.
Según Montelouro, la cifra tendría que llegar a 23,4 millones de euros, que es el cálculo que realizan en una de sus alegaciones a la modificación puntual del Plan de Reforma del Casco Vello, rechazada como las otras siete por los responsables de Urbanismo. La empresa propietaria pidió de forma reiterada en sus reclamaciones ante Urbanismo que el Concello dé marcha atrás y renuncie a modificar puntualmente el Plan General para que el proyecto pueda encajar con la actuación que desarrollarán en conjunto el Concello y la Zona Franca. La inversión necesaria para transformar la antigua fábrica en nuevos equipamientos públicos se estima en 20 millones de euros. De esta parte hay que restar la obra de transformación. Y falta la valoración de las instalaciones en ruina. En la contestación de las alegaciones, el departamento de Urbanismo señala a Montelouro SL que la valoración inicial es tan sólo estimativa. Con estas contestaciones el ayuntamiento dio por finalizado el proceso de exposición pública y tras la aprobación de la modificación puntual para que el ámbito de la Panificadora no pueda tener carácter residencial -a lo que se opone la propiedad que tenía un aprovechamiento lucrativo de hasta 21.950 m2 en bloques de ocho plantas de altura que dejaban las viviendas al mismo nivel que los silos- será Patrimonio de Galicia la que tendrá que dar el visto bueno. Si es positivo, el asunto irá a pleno, ya en el próximo mandato, para su aprobación definitiva. A partir de ese momento ya podrá ponerse en marcha la reforma integral del espacio para otros usos, como biblioteca o centro gastronómico, entre otras propuestas. Zona Franca participa con al menos siete millones de euros y con la idea de que sea una inversión productiva y con retorno. El Concello pondría la suya A expensas de que se sume al proyecto algún operador privado para gestionar en concesión espacios como el restaurante o el gimnasio, el reparto de costes es del 39,27% para la administración local y del 60,73% para el Consorcio estatal. Se fija además un periodo de desarrollo de cinco años en los que se invertiría una media de cuatro millones por ejercicio. Todo ello para salvar el "skyline" de Vigo con los silos, como dice el informe de Urbanismo de forma taxativa. n
