Estaba en la parroquia de Saiáns, a menos de cien metros del mar, donde se habían levantado cuatro construcciones.
La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística -un organismo de la Xunta vinculado orgánicamente a la Consellería de Medio Ambiente y Territorio- acaba de comprobar la demolición voluntaria de una vivienda prefabricada y dos casetas metálicas en la costa de Saiáns, muy cerca del límite entre Vigo y Nigrán, frente a Monteferro y Patos.
Se trata de una obra realizada sin licencia dentro de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, que suponía una infracción grave. En la finca también se localizaron otras construcciones en teoría provisionales pero que se habían convertido en permanentes: una caravana con avance y dos fregaderos de fábrica.
Con la demolición voluntaria por parte del interesado se evitan la imposición de sanciones o multas coercitivas por un valor mínimo de 60.000 euros. De esta forma se trata del primer caso en que el propietario accede a iniciar el derribo sin tener que entablar un conflicto judicial, como ocurre en otras ocasiones.
Según señala la Consellería de Medio Ambiente, el expediente se inicia en febrero de 2013 y tras la propuestas de sanción y antes de la resolución del expediente, el interesado dio cumplimiento en el mes de marzo a la reposición de la legalidad mediante la demolición.
En las imágenes remitidas por Medio Ambiente se puede observar el estado de la finca antes de la demolición: las flechas señalan los inmuebles y vehículos presentes en la finca de Saiáns.
Desde la Agencia de Protección de la Legalidade Urbanística se señala que este tipo de actitudes demuestran que cada vez más la sociedad "es consciente de la necesidad de cuidar y proteger el territorio gallego frente a los delitos urbanísticos, asumiendo la parte de responsabilidad y de colaboración de esta labor de protección que, cada vez más, está presente en la conciencia del gallegos".
Al mismo tiempo, en la misma nota destaca la Xunta que el objetivo último de la APLU "no es el de derribar, sancionar y recaudar", sino contribuir a ordenar y proteger el territorio gallego, crear una conciencia social de acatamiento normativo y de respeto por la naturaleza y el cuidado de en medio.
"En definitiva, la finalidad de la APLU es velar polo uso racional del suelo conforte a lo que disponen la normativa reguladora del urbanismo y del litoral, especialmente en medio rural y en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo", añade Medio Ambiente. n
