Representantes de las Anpas, asociaciones vecinales, partidos y sindicatos de Vigo presentaron ayer en el registro de la delegación territorial de la Xunta de Galicia en Vigo un escrito expresando el rechazo al proyecto de zonificación escolar, y reclamando que sea "paralizado" para volver al "punto de partida" porque “tendría graves consecuencias para la enseñanza pública vigués”, además de no garantizar la libre elección de centro y no abordar los problemas estruturales que amenazan la continuidad de algunos centros, entre otras razones.
Piden mayor participación
Según explicó la portavoz de Foanpas (Federación Olívica de Anpas), Gini Ibáñez, el proyecto presentado por la Administración autonómica ha conseguido recabar el consenso de toda la comunidad educativa (familias, docentes, sindicatos de estudiantes, etc.) pero no por su apoyo, sino por un rechazo generalizado.
En el escrito remitido al jefe territorial de Educación, los colectivos firmantes (entre los que también están partidos políticos, sindicatos y asociaciones vecinales) señalan que la propuesta "no está fundamentada" y no incluye el análisis de la situación actual, los motivos o criterios en los que se basan las decisiones adoptadas.
Por otra parte, denuncian que la delimitación de zonas y servicios propuesta no garantiza el acceso a plazas de enseñanza pública en igualdad de condiciones ni la dotación de los centros públicos; del mismo modo, "tampoco aplica un criterio de igualdad entre la enseñanza pública y la concertada, en relación a la oferta y adscripción de plazas en centros de secundaria".
A mayores, criticaron que las reuniones mantenidas solo han servido para que la Xunta trate de imponer su criterio, y reconocieron que, aunque la opinión de las familias no es vinculante por ley, "no puede disfrazarse de participativo un proceso que no lo es".
más plazas de eso
Entre los argumentos que manejan estos colectivos está el que consideran un “trato desigual” que se brinda a los centros públicos de secundaria en la asignación de plazas “favoreciendo de manera clara los centros privados”. Señalan que es “gravísimo que el alumnado de la pública se vea privado en algunos casos del derecho a cursar estudios secundarios en centros próximos a sus domicilios, no así en el caso de los centros privado-concertados”. Añaden que esto es especialmente grave en el caso del alumnado de la ESO, “cuya atención tendría que haber sido por esta razón -y por su menor edad- prioritaria para la Administración sobre el alumnado de Bachillerato”.
Los firmantes piden volver al punto de partida y la paralización de su tramitación y se solicita que el proceso de elaboración de un nuevo diseño sea participativo, reflexivo, transparente y consensuado.
