Luis Quinteiro Fiuza admitió que no denunció los abusos al ver "más pecado que delito"
nnn El largo juicio que todavía se está celebrando en la sección cuarta de la Audiencia en Pontevedra contra el fundador de la Orden y Mandato de San Miguel y varios exmiembros ha puesto en entredicho la actuación del Obispado de Tui-Vigo tras tener conocimiento de los supuestos abusos sexuales y otras irregularidades en el seno del grupo. El actual obispo, Luis Quinteiro-Fiuza, admitió ante el tribunal que no denunció los hechos que le relató una de las supuestas víctimas y no lo hizo porque su misión es la “moral” y también por prudencia. Entendió, en la misma línea que el visitador canónico que se trataba de un pecado más que un delito. La mujer, según testificó le relató unas relaciones “forzadas” pero no “físicamente impuestas” por lo que “de alguna manera entró en el juego”.
La propia Fiscalía no exime de responsabilidad al Obispado, ya que aplica al artículo 120.3 del Código Penal para incluirle como subsidiario en el pago de indemnizaciones que solicita a Miguel Rosendo, en concreto 3.000 euros a cada una de las víctimas de los presuntos delitos contra la integridad moral y otros 72.000 euros repartidos entre otras tres personas, un montante que superaría los 100.000 euros.
El escrito de acusación entiende esa corresponsabilidad de la Iglesia porque los actos se produjeron bajo su amparo. Así lo afirma cuando asegura que Miguel Rosendo encuentra cobijo en el aparato oficial de la Iglesia Católica en el Obispado de Tui-Vigo.
Tanto el anterior obispo como el actual autorizaron y respaldaron a la asociación y en 2012, tras ser informado Quinteiro Fiuza de las presuntas irregularidades incoó expediente canónigo para contrastar esas informaciones. El informe de la investigación interna hace que en diciembre de 2014 se suprima la Orden y Mandato de San Miguel. En ese informe, ya se exponían situaciones que podían ser indicadores de un presunto delito, ya que refería los episodios que le habían relatado, si bien su objetivo no era descubrir si había delito sino si las actitudes en el seno de la organización encajaban con el orden cristiano.
La causa contra los “miguelianos” no sólo se alargó durante cuatro años en la instrucción sino que también está prolongándose más de los previsto inicialmente, algo que favorece al principal acusado, el fundador de la Orden y Mandato de San Miguel, un vigués de Barreiro que emigró con cinco años a Francia y que ya supera los 60 años. El juicio debía haber terminado el pasado 7 de noviembre, pero aún está previsto que se prolongue durante toda esta semana, lo que acorta el tiempo de la Audiencia para poder dictar una sentencia antes de que se cumplan los cuatro años de máximo legal sobre la prisión provisional. Esta situación obligaría a los magistrados a emplearse a fondo para poder tener una resolución antes de mediados de diciembre, de otro modo ésta se producirá con Rosendo en libertad. Se trata de un caso especialmente complejo ya que la valoración de la prueba es testifical. n
