El juzgado impone la pena más alta al administrador de Darzal, 26 años de cárcel, por 8 millones en facturas falsas. A Jacobo Costas 11 y uno a Mosquera. José Manuel, fugado
El juicio que cierra la trama de fraude fiscal mediante facturas falsas atribuida a Las 5 Jotas se ha saldado con la mayor condena, en primera instancia, impuesta durante el cerca de centenar de vistas celebradas. El juzgado de lo Penal 3 impone un total de 26 años de prisión para el administrador de la empresa Darzal, Fernando G.M., como autor por inducción de un delito continuado de falsedad documental y nueve delitos contra la Hacienda Pública y le impone multas que se elevan hasta los 48 millones y medio de euros.
Por su parte, la sentencia condena también a Jacobo Costas, uno de los dueños de las 5 Jotas (su hermano y principal encausado en la trama, José Manuel, sigue fugado) a 9 años por nueve delitos contra la Hacienda Pública y una multa superior a los tres millones de euros. A Costas también se le considera responsable de un delito continuado de falsedad y se le impone dos años de cárcel cuya punición está agotada por lo que no se le impone pena efectiva. En este mismo caso se encuentra el tercer acusado José Luis Mosquera, colaborador de la familia al que le impone un año y tres meses de prisión.
El fallo considera probado que el administrador de Darzal Consultoría y Prevención; Itevivienda y Delft Formación y Auditorías S.L., para conseguir una reducción de las obligaciones tributarias de dichas entidades, mediante un aumento ficticio de los gastos deducibles en sede del Impuesto de Sociedades y de las cuotas del IVA, en 2005 concertó con José Manuel Costas, la entrega por parte de éste de facturas ficticias que no se correspondían con la prestación de bienes y servicios de ninguna clase. Si bien el acuerdo fue concluido con José Manuel, su hermano estaba “completamente al tanto de esos actos, que respondían a una actuación generalizada de esas empresas y mucho más amplia, de emisión de facturas falsas a múltiples empresas en las que aquellos actos solo fueron posibles por la creación de un reparto organizativo de papeles que lo permitió”. Añade el fallo, que que para la emisión de facturas falsas utilizaban en otras ocasiones a personas físicas que trabajaban para ellos a los que “forzaban o convencían para darse de alta como autónomos para elaborar en su nombre o bajo nombres comerciales inventados tales facturas, sin conocimiento de sus aparentes emisores”.
En total, se calcula que mediante este ‘modus operandi’ la empresa Darzal consiguió facturas falsas por valor de 8 millones de euros, con las que habría defraudado casi 4 millones, que es la responsabilidad civil a la que los acusados de forma solidaria tendrán que devolver a la Agencia Tributaria.n
