Abogadas y abogados de toda España se reúnen, hoy y mañana, viernes, en Vigo en las Jornadas sobre Violencia de Género organizadas por el Consejo General de la Abogacía y el Colegio de Abogados vigués. En este encuentro, expertos en esta materia analizarán el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y cuestiones como la asistencia a la víctima, los menores y las mujeres especialmente vulnerables.
Lourdes Carballo, decana del Colegio de Abogados de Vigo, explicó que el Pacto de Estado recoge un compendio de compromisos traducidos en 213 medidas destinadas a la lucha contra una de “las formas de violencia más incomprensible en una sociedad avanzada”, según sus propias palabras, “en la que difícilmente deberían concebirse tratos discriminatorios de cualquier tipo, y en especial por razón de género o sexo”. “La violencia sobre la mujer constituye la más execrable de las manifestaciones discriminatorias”, recalcó.
Pacto de estado
Entre las medidas que recoge el pacto, se encuentra una sección que desarrolla las relativas a la asistencia, ayuda y protección de la víctima, que forma parte de la respuesta inmediata que las instituciones deben ofrecer ante cualquier suceso de violencia, en paralelo al reproche penal que la conducta del maltratador merece, y sobre la que, en opinión de la decana de los abogados, han de poner el foco los medios y la sociedad.
“Resulta del todo necesario un acompañamiento a la víctima atento, profesional, con asistencia integral, durante el proceso de recuperación, lo que requiere una formación especializada de todos los profesionales que intervienen, entre ellos el asesoramiento jurídico y defensa prestado por las abogadas y abogados, con formación específica para ello”, añadió Carballo.
El compromiso de la abogacía con la formación, según recalcó esta experta, no es novedad, “siendo necesario en el ejercicio de nuestra profesión la formación continua y la actualización”. Si embargo, en materia de violencia de género, este colectivo de profesionales quiere dar un paso más, añadiendo a la formación específica requerida para prestar el asesoramiento y defensa integrales —penal, civil, laboral, administrativo, en menores, etc.— la concienciación y sensibilización necesarios para que las abogadas y abogados actúen con perspectiva de género y “contagien” esa forma de hacer, de forma que su actividad profesional “trascienda de esa concreta asistencia, prestada con toda la profesionalidad y responsabilidad requeridas, y contribuya a erradicar conductas tan execrables como son las de violencia sobre la mujer”, concluyó. n
