El impago de alquileres y créditos bancarios dio lugar durante el año pasado a 528 peticiones de desahucio. Se inicia el plan de recuperación judicial por el colapso por la huelga
La imposibilidad de hacer frente a los pagos diarios, tanto en negocios, como en compras, recibos, créditos bancarios o alquileres generaron durante el año pasado 962 solicitudes judiciales de ejecución de embargos de bienes y desahucios. Según la memoria del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia referente al año 2017, el Servicio de Notificaciones y Embargos de Vugo recibió una media mensual de casi 40 solicitudes de embargos de bienes de morosos, un montante que rozó el medio millar si le sumamos las pendientes del año anterior. El resto de ingresos fueron desahucios. Llegaron 528 a la oficina judicial del Casco Vello, de los que se llevaron a efecto un total de 437.
Diez años después de la crisis económica, las reclamaciones para cobrar impagos se mantienen superando las 400 anuales en cuanto a embargos y más de medio millar en lo referente a los desahucios.
No todas las ejecuciones de embargo para pagar a los acreedores se llevan a efecto algunos son devueltos y otros no se llegan a cumplir al no encontrarse objetos de valor, propiedades, vehículos u otros efectos con los que hacer frente a esas deudas. Así, de las 434 solicitudes de 2017, se llevaron a efecto 293.
Los bienes de los que Hacienda tiene constancia se pueden embargar vía telemática por el juzgado, como el caso de las nóminas, sobre las que hay por ley un porcentaje máximo de retirada, no obstante, en otros casos, hay que revisar in situ las viviendas de los morosos para poder retirar aquellos efectos que pudieran sacarse a subasta o con los que el propio afectado puede negociar para salvar la deuda contraída.
En cuanto al número de lanzamientos, desahucios ejecutados, la gran mayoría sigue siendo de alquiler. Desde hace dos años, los juzgados paralizan el desalojo de inquilinos en riesgo de exclusión, una media de uno al mes, gracias a un convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, Xunta de Galicia y Federación de Municipios. Cuando los afectados están en una situación de especial vulnerabilidad el juzgado informa a servicios sociales.n
