Vigo

El juzgado reactiva la causa por corrupción “Operación Patos”

La Policía realizó varios registros en el Concello en la operación en febrero.
photo_camera La Policía realizó varios registros en el Concello en la operación en febrero.

La instrucción iniciará una nueva fase con la toma de declaración de los imputados

nnn El mecanismo judicial para investigar el que podría ser el mayor caso de corrupción en la adjudicación de contratos públicos destapado en Vigo y que afecta también a Ponteareas, Santiago, Ourense, Nigrán y Pontevedra, ha vuelto a tomar impulso tras las vacaciones  de verano. El juzgado de Instrucción número 7 de Vigo reactivará la causa con su titular ya reincorporada, hace días, al trabajo.
 Las previsiones de este juzgado antes del paréntesis estival apuntaban al inicio de una nueva fase de instrucción  a partir de septiembre, con la toma de declaraciones tanto de imputados como de testigos, puesto que el análisis de toda la documentación intervenida en las distintas administraciones locales y provinciales referentes a contratos con la empresa Eiriña y Cespa iba a buen ritmo, a pesar de ser muy extensa.
Desde hace seis meses, el juzgado de Instrucción 7 trabaja en la revisión de toda la información de esos contratos, así como la de los ordenadores y teléfonos intervenidos en las distintas sedes de las empresas investigadas y de las administraciones objeto de registro o de solicitud de información (Concello,  Delegación de la Xunta, Zona Franca, Diputación y Puerto). Los registros más importantes se realizaron en los despachos de los concejales David Regades (de Obras)  y Ángel Rivas, de Limpieza y Jardines, que luego estuvieron varias de semanas sin comparecer ante los periodistas. La requisa de documentación se prolongó desde primeras horas de la mañana hasta las seis de la tarde. Otro despacho que se inspeccionó a fondo y durante horas por la policía fue el de la delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo, que también desde entonces redujo su aparición ante los medios. Y además, las oficinas del Consorcio Casco Vello, donde se llevaron ordenadores e incluso teléfonos móviles personales. En el Puerto y en Zona Franca, en cambio, los agentes sólo pidieron sendos contratos y se marcharon sin realizar registros.
El secreto de sumario que fue prorrogado ha impedido hasta la fecha conocer los pormenores de una investigación que en febrero provocó la detención de cinco personas, el concejal de Obras de Nigrán, el máximo responsable de Eiriña (que ha cambiado de nombre), su director general, el apoderado de Ferrovial y Cespa y el técnico de esta última empresa.n

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