La junta viguesa acordó ayer establecer un reparto específico sobre abusos bancarios
Los doce jueces de Primera Instancia de Vigo acordaron ayer en una junta presidida por el juez decano, Germán Serrano, establecer una clase de reparto específico sobre acciones referentes a las condiciones generales de la contratación bancaria, es decir asuntos relacionados con las cláusulas suelo o los abusos bancarios. De esta forma, los juzgados podrán unificar la entrada de asuntos y cuantificar la entrada de demandas de cara a un posible aluvión de casos.
En la reunión se abordó precisamente el plan de urgencia planteado por el Consejo General del Poder Judicial para dar salida a dichas demandas. Así, según explicó Serrano al finalizar el encuentro, “se ha manifestado que para la correcta tutela efectiva se requere de un juzgado de refuerzo independiente con un modelo similar al utilizado con las preferentes”. Los jueces de Instancia rechazaron así la especialización de uno ya existente y apostaron por la creación de un órgano independiente de refuerzo.
Esta decisión, será trasladada a la sala del gobierno del Consejo General del Poder Judicial y también se pondrá sobre la mesa durante el próximo encuentro el martes con los jueces decanos de España.
En principio, se desconocen dónde se especializarían esos juzgados que tendrían carácter provincial, según la propuesta de Justicia.
Una credencial para las víctimas de violencia de género
nnn Por otra parte, Vigo podría convertirse en una de las ciudades pioneras fuera del País Vasco en conseguir una credencial para víctimas de violencia de género. La petición del juez decano vigués, incluida en el orden del día del último pleno de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, será trasladada a la comisión mixta para su estudio.
Dicha credencial facilitaría a la víctima acceder a ayudas y trámites sin necesidad de presentar una prueba que ratifique su condición, es decir, una sentencia judicial o una orden de alejamiento, como hasta ahora. Este mecanismo evitaría tener que aportar información sobre las circunstancias en las que la mujer fue objeto de violencia ante cualquier institución que, con la credencial, podría confirmar su condición.n
