El pago de los edificios de la ETEA por parte de Zona Franca a la Xunta de Galicia volvió ayer a dar una nueva vuelta de tuerca. Así, en declaraciones hechas ante los medios de comunicación, el alcalde adelantó que ahora son los técnicos del Gobierno los que cuestionan la operación. Afirmó que “el informe de Intervención General del Estado, llegado hace dos días, plantea que el edificio Faraday está mal valorado y que el periodo establecido de 40 años está mal hecho”. Caballero aseguró que según recoge dicho documento, habrá que hacer una nueva tasación, “ya que no se reflejaron las pérdidas que generó, vendieron el edificio sin valorarlo” y recalcó “es lo que decía yo”. El informe destaca que se modificó un convenio de 2009 sin tasación actual (basándose en la realizada por la Xunta en 2012), ni tener en cuenta el deterioro durante el tiempo de cesión gratuita (40 años) a la Universidad, por lo que aseguran que su valor será inferior al marcado: “Ambas cuestiones nos impiden verificar si estos activos están contabilizados de acuerdo con la norma 2ª de Registro y Valoración del PGC, lo cual supone una limitación al alcance de nuestro trabajo”, concluye.
Desde la anterior dirección explicaron a este medio que la valoración es la que figura en el convenio de venta que firmaron Caballero, Touriño y Pisado.
En abril de 2017, el pleno de Zona Franca (presidido por Caballero, en el que Regades era vocal, y con Teresa Pedrosa como delegada) aprobó por unanimidad dicho convenio con la Xunta para la recuperación de parcelas en la antigua ETEA. El documento aprobado reflejaba que, de la deuda contraída por el Gobierno gallego con Zona Franca por su parte de la ETEA (18,5 millones), quedan por pagar unos 11,2 millones de euros, que se abonarían de la siguiente manera: 5,7 millones a pagar mediante un plan de 8 anualidades, y el resto, se compensaría mediante la devolución de dos parcelas valoradas en 5,5 millones (una de ellas el edificio Faraday).
Caballero siempre cuestionó esta operación, por considerar que el organismo entonces dirigido por Teresa Pedrosa, "regalaba" a la Xunta 5,5 millones, que le dejaba de cobrar, y que hurtaba a la ciudad de Vigo para posibles inversiones. Ayer, afirmó que Zona Franca ya no destinará recursos propios a destinos ajenos como “centros de formación fuera de Vigo o actuaciones en Baiona”.
