Benestar asegura que el procedimiento abierto es un "imperativo legal" y que la entidad "no cumple los criterios técnicos" de la convocatoria
La Asociación Galega San Francisco (Agasfra) ha pedido que la Xunta paralice el concurso de 73 plazas a discapacitados ya que perder este servicio implicará el cierre del centro ocupacional, lo afectará a más de una treintena de trabajadores y creen que supondrá una "vulneración" de los derechos de las personas con discapacidad, que "tienen derecho a decidir dónde recibir los servicios".
La directora general de la entidad, Catalina Conde, ha trasladado a Europa Press que la asociación y la Xunta mantuvieron durante años un convenio de colaboración para la prestación de los servicios de residencia --18 plazas-- y centro ocupacional --55 plazas-- para personas discapacitadas, pero este verano estas plazas salieron a concurso público y un centro residencial de Mos ha sido el adjudicatario provisional.
"No vamos en contra de que plazas nuevas se den en abierto pero nosotros nacimos hace 47 años y algunos usuarios llevan toda su vida aquí y ahora va a ser muy duro decirles que tiene que marcharse", ha lamentado Conde, quien ha asegurado que "no es sólo defender puestos de trabajo, son personas con discapacidad que tienen que tener la maleta hecha según quien gane el contrato".
Por su parte, fuentes de la Consellería de Traballo e Benestar han explicado a Europa Press que, desde la aprobación de la Ley de servicios sociales de 2008 y el Real Decreto de contratos del sector público de 2009, este tipo de servicios deben ser adjudicados mediante un procedimiento abierto a centros "debidamente acreditados" y adaptados a nuevos requisitos.
Así, hubo un periodo por el que las entidades debían adaptarse a estas condiciones, lo que implicaba eliminar todas las barreras arquitectónicas de sus instalaciones, entre otras cuestiones. Sin embargo, según la Xunta, la asociación San Francisco "no se adaptó y no cumple los criterios técnicos" de la convocatoria. Por ello, ha manifestado que lo que solicita la asociación "es una ilegalidad".
A pesar de esto, la asociación ha incidido que existen "otras vías" por las que se podría haber evitado el concurso público y haber dado continuidad al servicio que ofrece a los usuarios, algo que ha recalcado su directora, "se está haciendo en otras comunidades autónomas para que el movimiento asociativo de familias no se vea afectado".
"La ley lo permite, es algo de voluntad política", ha denunciado Conde, que ha anunciado que este miércoles varias asociaciones, familiares y usuarios se concentrarán a partir de las 11,00 horas ante las instalaciones de la Xunta en Santiago de Compostela.
EL CONCURSO
A este concurso, que se abrió el pasado mes de agosto, sólo se presentaron dos centros, la Asociación Galega San Francisco --que ofrecía el servicio hasta el momento-- y la empresa Doral Residencias, ubicada en Mos, que ha sido la adjudicataria provisional.
Conde ha criticado los requisitos y criterios que fijó la Xunta para otorgar estas 73 plazas, ya que "el 90 por ciento de los puntos se otorgaron a partir de la oferta económica", lo que cree que ofrece "ventaja a las empresas".
Así, ha recordado que la Asociación Galega San Francisco es una entidad sin ánimo de lucro que sobrevive con ayudas y subvenciones, mientras que Doral Residencias es una sociedad limitada. "Nosotros no podemos rebajar la oferta, vamos con limitaciones", ha argumentado la directora.
Asimismo, ha hecho hincapié en que a la hora de valorar los centros no se ha tenido en cuenta su experiencia ni su ubicación, lo que cree que repercutirá en las familias y especialmente en los usuarios, quienes sufrirán una merma en su autonomía, ya que "muchos --van-- en Vitrasa y ahora hay que ir hasta Mos".
Pese a todo, la Consellería de Traballo e Benestar ha mantenido que la atención de los usuarios "estará garantizada" en el nuevo centro y acerca de estas discrepancias ha indicado que hubo un plazo abierto para presentar alegaciones a los criterios del concurso público, pero Agasfra "no presentó nada".
