Suprime la “jefatura” para los tres principales acusados e incluye confesión para los arrepentidos
El ministerio público considera que existen “pruebas de cargo suficientes” para condenar a los 18 acusados por el alijo de 3.000 kilos de cocaína intervenidos en el pesquero “Riptide” y que las confesiones de 13 de los 18 procesados no son más que una confirmación más. Así lo aseguró ayer en la quinta jornada de la vista durante el tiempo de sus conclusiones finales en las que rebajó las peticiones de pena para todos los supuestos implicados en la trama de narcotráfico.
El hecho de suprimir el cargo de “jefatura” a los tres principales implicados, tres arousanos, y el tener en cuenta la atenuante de confesión a los que reconocieron los hechos dio lugar a esa rebaja, casi la mitad de lo que solicitaba inicialmente. Así de las penas de entre 17 y 21 años de cárcel iniciales éstas han sido rebajadas de entre 9 a una máxima de 13 y una mínima de 5 en el caso de un empleado del arousano Marcos Vigo, uno de los supuestos cabecillas y que fue quien admitió los hechos y delató a sus otros presuntos socios. Para él el fiscal pide 9 años de cárcel y para los otros dos, 12 años de prisión. Estos dos últimos negaron los hechos y sus defensas solicitan la libre absolución entendiendo que Marcos V. les utilizó para encubrir su participación en la operación para traer a Galicia un barco de droga.
El fiscal también solicita la posibilidad de sustituir la pena de 9 años de prisión para los miembros de la tripulación por la expulsión del país durante diez años, un “destierro” que se haría efectivo en el momento de la ejecución de la pena.
Para el representante del ministerio público, los seguimientos policiales, el testimonio de los agentes , el cargamento de droga y los pinchazos telefónicos son pruebas más que suficientes para la condena de todos y cada uno de los miembros de la trama. “El hallazgo de los papeles en el barco y a uno de los detenidos con las claves y coordenadas suman indicios que demuestran la participación en los hechos”.
Como pruebas, destacó también el número de teléfono con el que se comunicó el presunto cabecilla y otros miembros y que corresponde a un teléfono de Venezuela que la propia DEA norteamericana tiene registrado como perteneciente a un cártel sudamericano de narcotráfico.n
