Abrió diligencias para ver si hay delitos, que pueden llevar condenas de hasta tres años de cárcel, tras la denuncia de la Xunta por la sobreventa de pasajes: en sólo tres días de agosto emitieron 8.000 de más. Caballero pregunta "quién va investigar a la Xunta" por ser la responsable de no tomar medidas y evitar los desmanes de las navieras.
La Fiscalía de Vigo ha abierto diligencias de investigación para determinar si existen indicios de delito en los hechos denunciados por la Xunta relativos a la actuación de varias navieras (cuatro) por la sobreventa de miles de pasajes a las islas Cíes durante el pasado mes de agosto, una actuación reiterada que finalizó cuando se impidió a miles de turistas desembarcar en las islas. Las denuncias presentadas por la Administración gallega apuntan directamente a la posible comisión por todas o alguna de las empresas de dos delitos, estafa a los ciudadanos afectados, y falsificación de documentos oficiales y mercantiles (billetes falsos), castigado con penas de prisión entre seis meses y tres años, así como fuertes multas.
Las diligencias fueron abiertas después de que la Xunta iniciase los trámites para que se investigue si hubo algún delito vinculado al desembarque en las islas de más personas de las permitidas.
Fuentes del Poder Judicial señalaron que una vez que culmine dicha investigación, la Fiscalía puede presentar una querella en el juzgado de guardia si encuentra indicios de delito, o, en caso contrario, archivar el caso sin presentar denuncia. Si el Ministerio Público opta por la querella, imputaría directamente un delito ante el juez, abriendo un proceso penal.
En este sentido, además de la falsificación de billetes que denuncia la Xunta en su escrito, también la asesoría jurídica del Gobierno gallego puso de manifiesto ante el Ministerio Público que la acción de las navieras puso en riesgo la "propia seguridad de los visitantes, ya que, en caso de declararse una emergencia de cualquier tipo en la isla, la capacidad de evacuación estaría gravemente comprometida ya que se está planificada para la carga normal -2.000 más 800 campistas- que fue duplicada durante los días 3, 5 e 19 de agosto”.
Por su parte, el delegado de la Xunta, Ignacio López-Chaves, señaló que se pidió a la Fiscalía que investigue con el fin de "evitar el abuso por parte de las navieras", a las cuales la Administración hizo advertencias y abrió expedientes. "Es un parque nacional, no un parque de atracciones", advirtió.
Caballero avala la decisión pero exige responsabilidad a la Xunta
Abel Caballero admitió que la Xunta "hace bien" en llevar ante la Fiscalía la actuación de las navieras que transportan viajeros a Cíes pero se ha preguntado "quién exige responsabilidades al vigilante que no vigila", en alusión a la responsabilidad en que pudo haber incurrido la Administración autonómica, como gestora del Parque Nacional Illas Atlánticas.
En una rueda de prensa y a preguntas de los medios sobre esta cuestión, señaló que no tiene "nada que objetar" a las medidas que la Xunta, asesorada por sus técnicos, haya decidido adoptar.
No obstante, insistió en preguntar "quién investiga a la Xunta" que, a su juicio, es la Administración responsable de no haber tomado medidas para evitar los desmanes de las navieras.
MAREA: NO AL SOL Y PLAYA
Por su parte, el portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, también se refirió a esta cuestión, y apuntó que, aunque hay una "responsabilidad anterior" por la liberalización del transporte a las Cíes, la "gran responsabilidad" por lo sucedido en agosto es de las navieras.
A ese respecto, Pérez recordó que hay indicios de que las empresas "falsificaron billetes", lo que supone que tienen una responsabilidad "penal". No obstante, también precisó que la Xunta "pudo poner técnicos" en la estación marítima, si sabía que existía ese problema, para que auditasen la emisión de pasajes. En todo caso, Rubén Pérez Correa mantiene que parte del problema nace con la propia promoción por parte del Concello de Cíes como un destino turístico de "sol y playa". "Así es normal que vayan miles de turistas y va a resultar difícil conseguir que la Unesco declare las islas Patrimonio de la Humanidad", zanjó.
Por último, el grupo parlamentario de En Marea mantuvo que los problemas llegarían por no haber un reglamento para gestionar de forma correcta el Parque Nacional. Y eso, según los diputados de En Marea, pasa por la aprobación cuanto antes el Plan Rector de Usos. n
