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Los exdirectivos de GEA desde hoy a juicio 21 años después

Extensión de la antigua fábrica de GEA en Cabral.
photo_camera Extensión de la antigua fábrica de GEA en Cabral.

Tras veintiún años de espera desde que los trabajadores de Grupo de Empresas Álvarez (GEA) llevaran a la Fiscalía su quiebra, la sección quinta en Vigo de la Audiencia de Pontevedra acogerá a partir de hoy el juicio contra cuatro exdirectivos. El ministerio público pide para los cuatro acusados tres años de prisión y una multa de 15.000 euros por un delito de alzamiento de bienes.
Tras una larga instrucción y varios aplazamientos, uno de los cuales, el de enero de 2016, fue por la incomparecencia de uno de los acusados, Enrique F.T.H., el caso será juzgado a lo largo de cinco jornadas.
El Grupo de Empresas Álvarez (GEA), en su día el primer grupo cerámico de España y que en su época de máximo esplendor llegó a emplear a unas 5.000 personas, pasó a manos, tras muchas vicisitudes económicas, del Instituto Nacional de Industria (INI), que luego lo vendió, en 1991, a Pickmari y Estudesa. Según recalca el fiscal en su escrito, los responsables de estas dos sociedades, José O.R.M. y Francisco J.A., transfirieron a aquéllas patrimonio de GEA, en perjuicio de los acreedores de la firma de cerámica, con "la idea de obtener un beneficio patrimonial ilícito".
Estos dos acusados fundaron tres años más tarde otra sociedad, Vanosa, cuyo capital era una de las fincas de GEA, que usaron como garantía hipotecaria para pedir un préstamo de 450 millones de pesetas al Banco Exterior de España en beneficio de Estudesa. Al no pagar el préstamo a su vencimiento, la entidad bancaria se quedó en pago con la finca en cuestión. En 1996, Estudesa vendió a otra sociedad, Corvagal, de Enrique F.T.H., las acciones de GEA y las partes pactaron que no hubiera ulteriores reclamaciones mutuas de deuda. Los extrabajadores de GEA aguardan con expectación este juicio tras tantos años de espera desde que presentaran su denuncia en mayo de 1996.
Un portavoz de este colectivo, Ricardo Domínguez, lamentó en el aplazamiento del juicio de enero de 2016 que en el banquillo de los acusados no estén sindicalistas ni miembros del comité de empresa. Se quejó entonces de que a los trabajadores que llevaron el caso a los tribunales los "persiguieron, acosaron, insultaron y hasta pegaron". Hizo hincapié en el "daño inmenso" sufrido por estos durante diez años de "penurias", en los que un mes cobraban el 15% de la nómina, otro el 10% y otro, nada, sin poder pedir la liquidación por "un acuerdo" entre la dirección y el comité de empresa.

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