El CGPJ y el Consejo General de la Abogacía Española destacan en Vigo el avance el apoyo a las víctimas que supone el Pacto de Estado
“España está a la vanguardia en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por encima de muchos países de su entorno”. Así de contundente se expresaba Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) momentos antes de la inauguración, ayer en Vigo, de las jornadas que analizan este nuevo marco normativo.
Carmona afirmó que todas las personas que trabajan en el ámbito de la violencia de género tienen como objetivo “las víctimas cero”, algo que, dijo, “no es una utopía”.
Con respecto al pacto, destacó como una de las principales novedades la preocupación existente por una necesaria ampliación del concepto de violencia de género. Esto implica adaptar la actual Ley de Medidas de Protección Integral, que contempla solo la violencia en pareja, al Convenio de Estambul, que considera violencia de género todo tipo de violencia sobre la mujer por el hecho de ser mujer: trata de mujeres y niños con fines de explotación sexual, abusos sexuales, mutilación genital femenina... También se refirió la necesidad de proteger a los menores para no “lamentar asesinatos terribles” con los que el asesino busca “provocar el mayor dolor que se le puede hacer a una mujer, que es que le hagan daño a su hijo o hija".
No obstante, recordó que para conseguir todos estos objetivos es necesario que el pacto se acompañe de recursos —el Gobierno anunció una dotación de 1.000 millones de euros en cinco años— y que exista una coordinación entre todas las instituciones.
Ya durante su intervención en el congreso, se refirió a las alarmantes cifras de este año, con 44 mujeres y 8 niños asesinados en España, así como al bajo índice de denuncias procedentes del entorno familiar (el 1,16%), por lo que instó a la “ruptura del silencio cómplice”, o a las 1.596 mujeres que en Galicia dispone´n de protección policial. Asimismo, abogó por frenar las plataformas que van en contra de la lucha contra la violencia de género y recordó que la existencia del Síndrome de Alineación Parental (SAP) no está demostrada científicamente.
Asistencia letrada a las víctimas
Las quintas Jornadas de Abogados y Abogadas de Violencia de Género —primeras que se celebran en Vigo— reúne entre ayer y hoy en la ciudad a más de 200 especialistas, entre ponentes y asistentes relacionados con el ámbito del Derecho, procedentes de toda España.
Durante la inauguración, la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, recordó que “una vez alcanzado el Pacto de Estado hay que dotar de medios económicos necesarios para que cada una de las medidas pueda funcionar”. También destacó la importancia de la formación de los profesionales, con jornadas como esta, y también de la sociedad, especialmente de los jóvenes.
Filomena Peláez, presidenta de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía, analizó en la primera mesa de debate las propuestas aportadas por esta entidad en el Pacto de Estado, cuyas 213 medidas fueron aprobadas en septiembre pasado y que se da un plazo de dos meses para consensuarlo con las Comunidades Autónomas, ayuntamientos y administraciones y otros seis meses para proceder a las reformas de los textos legales.
Así, el paso más importante es extender la defensa letrada de la víctima con carácter previo. Esto permitirá que la mujer esté asesorada de oficio a la hora de denunciar, de interponer la demanda y de solicitar protección. De esta manera, estará en igualdad de condiciones que el supuesto agresor.
Otra propuesta aceptada es extender las medidas cautelares desde que se dicta sentencia y hasta que se inicie la ejecución de la pena, tiempo denominado por algunos especialistas como 'periodo ventana' en el que hasta ahora la víctima estaba desprotegida y que, en palabras de Teresa Peramato, de la Fiscalía de Sala de Violencia sobre la mujer, “no se puede permitir”.
Sin atenuante de confesión
Otras medidas que recoge el pacto son no tener en cuenta el consentimiento de la víctima cuando se quebranta una condena o una medida cautelar; reconocer el impago de pensiones como una forma de violencia económica, o la revisión de la atenuante de confesión ya que, como recordó Carmona, “muchos agresores se entregan y se jactan de haber cometido el crimen”. “Esto no puede beneficiar al propio asesino”, sentenció.
