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Hacienda persigue a una firma de Vigo por un fraude en Angola

Angola lleva años aprovechando la energía solar. Imagen de un panel en zona rural.
photo_camera Angola lleva años aprovechando la energía solar. Imagen de un panel en zona rural.

El fiscal acusa a la empresa de no declarar  6 millones de dólares de un negocio ficticio

Un supuesto negocio de venta de paneles solares al Gobierno de Angola realizado por una empresa viguesa es el origen de una causa que llevará a cinco empresarios al banquillo como acusados de los presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil.
La Agencia Tributaria comenzó una investigación después de que en 2008, la firma local Dalpex Trading S. L. ingresara en su cuenta una transferencia del Tesoro Nacional de Angola por valor de casi seis millones de dólares, equivalente a cuatro millones de euros, cantidad que aparece formalmente amparada como un anticipo del negocio firmado mediante contrato en marzo de aquel año.
Según el escrito fiscal, dicho negocio no era real y ese ingreso supuso un incremento patrimonial no justificado que debió ser recogido en la declaración del Impuesto de Sociedades de 2008 y que supondría una cuota tributaria, que se considera defraudada, de más de un millón de euros.
La mecánica para justificar los movimientos que dio origen esa transferencia y aparentar una actividad comercial que le diera cobertura es, tal y como recoge la acusación pública, la de emitir y recibir facturas falsas.
En concreto, está acusado el administrador y socio único de la empresa viguesa quien, dice el fiscal, siempre en colaboración con un empleado de la misma (también acusado), intervino en la elaboración del contrato con Angola y en la percepción de la cantidad objeto de transferencia, así como en partes de las gestiones. A él se le señala como presunto responsable de emitir y recibir a nombre de su empresa facturas ficticias supuestamente relacionadas con el negocio de venta de paneles solares a lo largo de 2008.
Junto a ellos,  están acusados otros tres empresarios, uno de ellos propietario de una empresa portuguesa, por la emisión de las facturas que para el fiscal son falsas. Una parte de las mismas se emitieron en concepto de supuestos proyectos de instalaciones de máquinas de energía solar y otras, realizadas también en el mismo año, relacionadas con una actividad de construcción y comercio de madera.
El escrito de acusación recoge que el empresario portugués reconoció durante la inspección llevada a cabo por la Agencia Tributaria desde el primer momento la falsedad de las facturas en las que intervienen las dos empresas a las que aparece vinculado, hecho por el que se le tiene en cuenta la atenuante de confesión como cualificada y pide una petición de condena más baja que para el resto, de nueve meses de prisión.
El dueño de la firma y su trabajador se enfrentan a cuatro años de prisión y una multa de más de un millón de euros. Para otro de los implicados que participó en las gestiones con Angola, solicita la misma multa y tres años de prisión, mientras que para el último empresario, la petición de condena es de dos años y medio más nueve meses de multa a razón de seis euros días. La causa, investigada por Instrucción 6, llegará a juicio este año.

Defraudación de un millón de euros y facturas falsas

La causa investigada por el juzgado y que está en fase de apertura de juicio oral en Penal ha supuesto una defraudación fiscal, según consta en el escrito de acusación, de más de un millón de euros, utilizando supuestamente un mecanismo similar al de otra de las causas más importantes de fraude destapadas desde Vigo, la de 5 Jotas.
Los dueños de esta empresa emitían facturas que no se correspondía a trabajos reales con el objeto de defraudar a Hacienda. En el caso de las 5 Jotas, con años de investigación y de instrucción, cientos de juicios y de investigados,  Hacienda cuenta con un equipo de personas dedicado a vigilar que se ejecuten las sentencias y se devuelva la cantidad defraudada en cada caso.
Respecto al nuevo caso que irá a juicio y que también se remonta a 2008, las multas que se solicitan para los tres principales encausados por el fraude fiscal y falsedad, superan el millón de euros. A esas cantidades hay que añadir la responsabilidad civil. El fiscal  pide que los acusados indemnicen de forma solidaria a la Agencia Tributaria en el importe de la cuota defraudada, 1.040.469,68 euros, incremetado con los intereses de demora.
La acusación pública enumera cerca de una  treintena de facturas emitidas durante ese año 2008, a distintas empresas por un valor millonario en concepto por una parte con el negocio de paneles solares y por otro de trabajos de construcción y comercio de madera, como albañilería en obra, instalación de vallado, o fabricación y transporte de elementos de madera.
 Se incluyen también hasta una decena de facturas por supuestas ventas de material relativo a saneamientos, y hasta diez por diferentes materiales sobrevalorados, afirma el fiscal en su escrito de acusación.

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