El transporte, las áreas y adscripción de los centros motivaron las principales alegaciones
El borrador del nuevo mapa escolar cuenta ya con el rechazo de 20 colectivos de padres, sindicatos y partidos políticos. Sin embargo, entre los 105 centros públicos y concertados implicados en la zonificación solo se presentaron once alegaciones. Es una nueva división de la ciudad en cuatro áreas y la asignación a cada una de ellas de los colegios e institutos que les corresponderán en el futuro. Cuando se presentó el primer texto, el 6 de noviembre del año pasado, se registraron 14 alegaciones, diez de centros públicos y cuatro de los concertados. El segundo borrador se presentó el 13 de diciembre. Las principales quejas hacen referencia al transporte escolar, las adscripciones de centros y los límites de las áreas. La Xunta aseguró ayer que mantiene abierto el diálogo para llegar a un consenso.
La jefatura territorial de Educación aseguró que la zonificación propuesta no limita la libertad de elección de centro y de los servicios complementarios porque el límite es la existencia de plazas vacantes en el centro elegido, el uso de servicios complementarios está sujeto a que el domicilio esté dentro del área educativa, prevé que todos los centros que lo necesiten tengan comedor y transporte y al ser áreas de mayor tamaño hay más oferta de centros. Consideran también que existe un equilibrio de oferta de centros públicos y concertados y añaden que en todas las áreas garantizan la existencia de un centro público a menos de 2 kilómetros o al menos una línea de transporte.
Educación señala que se contempla una oferta suficiente de Bachillerato y que aumentar plazas de ESO supondría restar cursos de Bachillerato. Una línea de Bachillerato son dos grupos (dos aulas) y una línea de ESO son cuatro, por lo que, según aseguran, “cada línea de ESO que se aumente en un instituto supone la eliminación de dos líneas de Bachillerato”. Justifican la existencia de más líneas de Bachillerato que de la ESO en los institutos del área 1 y 2 (el centro) para cubrir la demanda que existe y aseguran que aún así hay déficit de plazas. Una parte importante de alumnos de la concertada se pasan a centros públicos en Bachillerato para no pagar unos 300 euros al mes en su centro de origen ya que no está subvencionado.
