Vigo

La decana de los abogados Vigo entiende el clamor social por un delito "abominable"

La decana de los abogados de Vigo, Lourdes Carballo, ha dicho hoy que comprende el clamor social contra la decisión de la Audiencia de Navarra de dejar en libertad provisional con fianza de 6.000 euros a los cinco miembros de La Manada, porque han sido condenados por un delito "abominable".

En declaraciones previas a la celebración en Vigo de un encuentro gallego portugués de la abogacía y el derecho, Carballo ha indicado que las resoluciones judiciales "merecen el respeto profesional" del colectivo aunque sean luego susceptibles de "una crítica sosegada, fundamentada, razonable".

Ahora bien, ha reparado en que el delito atribuido a los miembros de la Manada "es tan abominable, aborrecible, despreciable, que el clamor popular es que los autores permanezcan en prisión hasta que se dicte la resolución judicial", porque la opinión de la ciudadanía "sale de sus entrañas".

Ha abundado en que la medida de prisión provisional, con "la ley que tenemos", ha de ser revisada para prolongarla o interrumpirla, en función de las circunstancias, "pero entiendo que la ciudadanía salga, porque está indignada sobre todo por el delito, y particularmente, por el voto" de uno de los miembros del tribunal.

Lourdes Carballo ha reparado en que el caso de la Manada "acaparó más la atención y el foco de los medios y de la sociedad" porque "vivimos en un momento en el que hay que juzgar con perspectiva de género y esto no estaba siendo considerado".

Además, ha continuado, concurrieron circunstancias como el movimiento `me too`, pero, "sobre todo", la indignación popular nace de "lo horrible de la agresión, cómo se produjo, las circunstancias, y el voto particular que la mayor parte de la ciudadanía no comprende".

Todas estas circunstancias, opina la decana de los abogados de Vigo, hacen que "no se comprenda una medida judicial que a lo mejor, legal y técnicamente, es correcta, pero, a veces, lo correcto y lo legal la ciudadanía no comprende".

Y ahí es donde, según su criterio, "la comunidad jurídica tiene que valorar si lo que se requieren son modificaciones legislativas o interpretativas, o cómo responder ante estas situaciones". 

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