La Policía llevó a Vanesa F. a declarar tras no presentarse y apenas recordaba nada
La testigo Vanesa F.B., cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, que declaró ayer en el juicio por su supuesto “enchufe” en la concesionaria municipal de Vigo, Imesapi, aseguró ayer ante el tribunal que consiguió ese trabajo “entregando el currículum” en la propia empresa. Fue de las escasas preguntas a las que la testigo respondió sin un “no me acuerdo” o “ni idea”. Vanesa F. tuvo que ser trasladada por la propia Policía hasta el juzgado al no presentarse ni el primer día de juicio ni ayer a la hora citada, lo que obligó al tribunal a emitir una orden para cumplir el requerimiento.
La forma en que la testigo respondió a las primeras preguntas, realizadas por la fiscal, motivó la advertencia por parte del juez de que podría ser procesada por obstrucción a la justicia al no saber cuál había sido su trabajo en Imesapi, cómo accedió a ese empleo, o de quién le daba las instrucciones para llevar a cabo su desempeño.
Ante su actitud, el presidente del tribunal llegó a preguntarle si recordaba haber trabajado alguna vez en algún sitio, o si recordaba a qué colegio iba su hija. “No puede decir que no se acuerda de nada, porque eso podría ser una negativa a declarar, y no se le puede permitir. Algo tendrá que declarar, porque su postura no resulta sostenible”, la reconvino el magistrado, quien añadió: “acogerse de forma cómoda al no me acuerdo también es faltar a la verdad”.
Tras esta advertencia, V.F.B. acabó admitiendo que trabajó, contratada por la concesionaria, para hacer sustituciones en los centros cívicos y para hacer encuestas en el Concello, y aseveró que consiguió ese trabajo “entregando el currículum” en la propia empresa.
Durante la jornada ayer también prestó declaración una perito judicial socióloga, para defender las encuetas encargadas a Imesapi, y concluyó que el precio que pagó el Concello por ellas estaba muy encima del valor del mercado para este tipo de trabajos y que adolecían de falta de rigor y plazos de ejecución chocantes, entre otras cosas. También comparecieron como testigos los funcionarios que eran interventores durante el tiempo en que se adjudicaron los contratos menores a Imesapi quienes subrayaron que no se produjeron irregularidades administrativas en los expedientes y que no se pusieron reparos.n
