Caballero legaliza Jacinto Benavente pero no Finca do Conde por ‘mala fe’

El edificio ilegal de la urbanización Jacinto Benavente, con 180 viviendas, que el alcalde quiere legalizar de inmediato. foto: j.v. landin.
Asegura que los vecinos deben estar tranquilos pero mantiene que la licencia de Gran Vía fue ‘un pelotazo’
El alcalde Abel Caballero anunció ayer que el Concello ya dispone de todos los informes municipales favorables para legalizar la urbanización de Jacinto Benavente, que cuenta con una orden de demolición firme por parte de los tribunales por exceso de edificabilidad. Aunque todavía falta el requisito esencial de que el tribunal dé el visto bueno a la petición del ayuntamiento vigués , todo apunta en esa dirección, y ayer Caballero así se lo expuso a la comunidad de vecinos, a la que quiso tranquilizar. Sin embargo, el propio alcalde aseguró que esta vía no se utilizará en ningún caso para intentar poner en orden Finca do Conde, una urbanización que incluye dos torres de viviendas y el mayor centro comercial de Galicia, porque asegura que fue ‘un pelotazo que no puede ser legalizado’. Para el alcalde, y así lo dijo ayer ante la prensa en una inspección a las obras de humanización de la calle Cesáreo Vázquez, hay una enorme diferencia entre Jacinto Benavente y Finca do Conde: ‘En Jacinto Benavente ha habido buena fe, porque los propietarios compraron los pisos sin saber que eran ilegales, pero en Finca do Conde en cambio hubo mala fe’, aseguró Caballero. En su opinión, en Finca do Conde hubo un comportamiento nefasto por parte del anterior gobierno local, con Corina Porro y Chema Figueroa a la cabeza, ‘al conceder una licencia contra los informes técnicos. Tendrán que explicar por qué lo hicieron y su comportamiento tendrá consecuencias’, dijo, en una nada velada advertencia. Para el alcalde, la ilegalidad manifiesta de Jacinto Benavente, donde el Tribunal de Galicia anuló toda la actuación por exceso de edificabilidad, podría ser legalizable y así se lo explicó a los vecinos, a quienes indicó el proceso de anulación de la sentencia mediante el nuevo
Plan de Urbanismo, que daría cobertura al eliminar la zona industrial en la parcela y suprimir una indefinición que dio lugar a la anulación de la primera licencia. El proceso incluye la resolución de una deficiencia administrativa considerando que se trata de una construcción que se atiene a derecho y que es conveniente para la ciudad que toda aquella zona sea urbana. Para los responsables de Urbanismo, la edificabilidad es la razonable para aquel lugar, por lo que esperan que el juez acepte la concesión de nueva licencia y se cierre así este asunto ‘evitando los problemas de los 180 propietarios de buena fe que ‘compraban algo legal y avalado desde elConcello’. El alcalde dijo a los vecinos que pesan ‘actuaciones urbanísticas catastróficas porque ‘la señora Porro y el señor Figueroa dieron licencias con informes jurídicos en contra’, lo que supondría una amenaza de 50.000 millones de pesetas de indemnizaciones, un ‘pelotazo’ que ‘no se va a poder legalizar’. Así, reclamó una explicación de ‘a cambio de qué’ se tramitaron esas licencias.

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