El presidente de la FEMP instó a buscar un mecanismo legal antes de las elecciones
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, instado al Gobierno a buscar antes del día de las elecciones generales "el mecanismo legal" que garantice que los ayuntamientos sigan prestando servicios sociales a partir del 1 de enero de 2016.
A principios del próximo año, con la plena implantación de la reforma local --la Ley Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local-- las comunidades autónomas deberán asumir en un plazo de cinco años los servicios en materia de salud que ahora prestan los ayuntamientos y, en un máximo de dos años, los servicios sociales.
En el caso de que las autonomías no quieran asumirlo, pueden dejar que sigan prestándolos los ayuntamientos, pero entonces tienen que firmar un convenio con ellos y pagarles el coste de ese servicio.
En una rueda de prensa en la sede de la institución local, Caballero ha vuelto a insistir en el "verdadero caos" que se producirá en día 1 de enero cuando los ayuntamientos de España pierdan las competencias en política social, ya que aún no se ha adecuado el marco de financiación para las políticas sociales. Caballero cree que, una vez aplicada la norma, "ninguna Comunidad Autónoma" va a asumir las competencias en materia social.
Así pues, el alcalde de Vigo ha pedido "garantías totales" para que la ley no entre en vigor. En este sentido, sostiene que la carta del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en la que trasladó la intención de aplazar la aplicación de la norma, "no da seguridad". "No asegura al 100% que la ley no entre en vigor", ha incidido. Asimismo, reprochó a los alcaldes 'populares' que sí vean una "garantía" en la segunda misiva que Beteta envió a Caballero -en la que reiteró que no entraría en vigor la norma y en la que adjunto un dictamen de la Abogacía del Estado-. "No es garantía jurídica", ha aseverado Caballero sobre este documento. "Una carta no paraliza una ley", dijo, pidiendo una actuación por parte del Ejecutivo que tenga "garantías legales a juicio de los más de 5.000 interventores" en cada municipio.
Así pues, instó al Ejecutivo a buscar antes de los comicios del 20 de diciembre el "mecanismo legal" que considere oportuno para asegurar que los alcaldes seguirán facilitando la política social en los municipios. Según ha dicho Caballero, es necesario paralizar la entrada en vigor antes del 20D porque desde esa fecha el Gobierno estará en funciones y no podrá.
