Los condenados recurren al Constitucional ante su inminente ingreso en prisión
Cuatro meses después de que el Supremo ratificara la sentencia de la Audiencia en Vigo que condenó a la red de ‘Culebras’ a penas que suman los 50 años de prisión por blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, el tribunal ha ordenado la ejecución de dicha sentencia, con lo que el ingreso en prisión es inminente.
Juan Carlos González Martin, “Culebras”, su mujer y sus tres hijos, dos sobrinas, una expareja sentimental, y cuatro empresarios deberán cumplir las penas impuestas, la mayor, para el considerado como cabecilla, de ocho años de prisión. Los condenados fueron recibiendo la orden de ejecutoria a principios de noviembre cuya suspensión fue solicitada ante la presentación de un último recurso de súplica ante el Tribunal Constitucional. No obstante, la Audiencia ha denegado dicha suspensión.
El fallo considera como hechos probados que “Culebras”, de 78 años, obtuvo ganancias procedentes del tráfico ilícito de estupefacientes y que, para blanquear ese capital, creó diferentes sociedades, con la ayuda de su familia y de algunos empresarios, ocultando el origen del dinero, y dándole apariencia de licitud.
Sólo uno de los doce condenados no interpuso recurso ante el Supremo, un promotor al que impusieron seis meses de cárcel.
“He sido víctima de una injusticia, por ser sobrina de quien soy”
Entre los condenados por esta causa se encuentra Paula Muñoz, sobrina de “Culebras”. Tras haber guardado silencio, esta terapeuta de 42 años ha decidido hacer pública su situación, que califica de “tan injusta como díficil”.
Si el Constitucional no admite su recurso, tendrá que ingresar en la prisión para cumplir cuatro años por blanqueo de capitales, a pesar de asegurar que “no hay pruebas contra mí, porque nunca tuve nada que ver con los negocios de mi tío”. Según asegura, “ a mí nadie me arrestó, ni aparezco en ninguna de las conversaciones, ni siquiera registraron mi casa, un día me llegó una imputación y ahora me veo condenada”.
Paula está convencida de que “me han acusado y condenado solo por ser sobrina de quien soy, porque me atribuyen ser testaferro de un piso que es mi vivienda, de 60 metros cuadrados, en el que yo habito y del que me hago cargo” y lamenta que “me hayan dejado sola desde el principio, sin que me hayan exculpado”. Ahora sólo pide que el Constitucional revise su recurso, para lo cual ha iniciado una campaña en change.org.
