Ha recurrido al Supremo el convenio con Xunta y Gobierno porque cree que cobraría más si no se hubiese suprimido el peaje. Los concellos reclaman que intervenga el Ejecutivo para que el ciudadano deje de pagar la compensación
Audasa, concesionaria de la AP-9, ha decidido recurrir la modificación del convenio suscrito con Gobierno y Xunta para la compensación por la liberalización del peaje entre Vigo y Morrazo, después de que la Administración entendiera que existía un “enriquecimiento injusto” por parte de la empresa.
En concreto, tal y como publicaba ayer el Boletín Oficial del Estado, la concesionaria ha interpuesto en la sala tercera, Sección Cuarta del Tribunal Supremo, un recurso contencioso administrativo contra el real Decreto 803/2017 de 28 de julio que introducía los cambios del acuerdo inicial.
En 2006, con el fin de solucionar los problemas de tráfico no sólo de los itinerarios Vigo-O Morrazo, sino de A Barcala-A Coruña, e inversos, la Administración General del Estado acordó con la Xunta y con la sociedad concesionaria de la autopista del Atlántico la supresión del cobro del peaje a todos los vehículos que efectuasen los citados recorridos.
Desde la entrada en vigor de esta medida, sin embargo, “se ha puesto de manifiesto una diferente evolución de los ingresos por el peaje de los tramos en los que se implantó la supresión del cobro respecto a los del resto de la autopista, por lo que los importes abonados por la Administración General del Estado y la Xunta de Galicia en concepto de compensación difieren sustancialmente de los que hubiera percibido la sociedad concesionaria de no haberse adoptado la citada medida”, indica el Gobierno en la modificación del decreto de 2006 aprobada el pasado año.
“Esta situación se considera perjudicial para las administraciones implicadas, y viene suponiendo un cierto enriquecimiento injusto para la sociedad concesionaria, por lo que se estima necesario modificar el procedimiento de compensación contemplado en el convenio aprobado por Real Decreto 633/2006, de 19 de mayo”, continúa.
En esa modificación, además, dado el carácter estatal de la vía, el Gobierno asumió en solitario el pago de la compensación a Audasa, ya que “los nuevos importes de compensación calculados son inferiores a los compromisos de gastos autorizados” en 2006.
Sin embargo, pasado casi un año de la modificación la concesionaria ha decidido recurrir ante el Supremo la medida.
Alcaldes del Morrazo consideran que es hora de que el Gobierno revise el convenio suscrito con Audasa. Entienden que la concesionaria debería dejar de cobrar peaje por una obra “amortizada” y que, afirman que si bien se eliminó el peaje a los usuarios, la compensación a la empresa es a costa de los ciudadanos.n
