VIGO

Atrapadas en las redes de prostitución

Llegaron a Vigo desde Sudamérica con la promesa de un trabajo. Una vecina o conocida de su país les informó de la oferta y les dio la confianza para recorrer miles de kilómetros, pero acabaron siendo captadas como objeto sexual. El testimonio de quienes lograron liberarse destapa el funcionamiento de estas mafias

Los operativos en clubes irregulares han permitido liberar a decenas de mujeres.
Los operativos en clubes irregulares han permitido liberar a decenas de mujeres.
Atrapadas en las redes de prostitución

El cierre del 60% de clubes de alterne en Vigo en su área en los últimos años y las sanciones a los propietarios no ha conseguido acabar con el negocio de la prostitución ni con las mafias dedicadas a la captación de mujeres. La Asociación pola Abolición da Prostitución, Faraxa, asegura haber detectado que el cierre de locales, en muchos casos es temporal y que los establecimientos después de un tiempo vuelven a reabrir con otros dueños. Junto a esta situación, ratifican un incremento del ejercicio de la prostitución en pisos, en los que operan redes de explotación. El ‘modus operandi’ de  dichas  redes, pese a la presión policial y judicial, apenas ha variado con los años. Las declaraciones de tres mujeres que fueron liberadas en julio del año pasado de un club y a las que ha tenido acceso este diario señalan haber sido engañadas en su país de origen, Venezuela, con una promesa de trabajo  que nada tenía que ver con la prostitución.
Con edades comprendidas entre los 18 y 23 años, estas mujeres se encontraban en una situación muy complicada en su país. Una vecina en un caso y una conocida o amiga en otros fue la encargada de informarles sobre la posibilidad de trabajar en España haciendo camas o labores del hogar. La oferta incluía un sueldo mensual, de 800 euros, y los trámites del viaje y los billetes a cargo del empleador, una mujer   europea que ejercería de “intermediaria” con la que contactaron por correo electrónico o whatsapp.
Los gastos derivados del viaje constarían como un adelanto a descontar con posterioridad de sus nóminas. Con esa confianza volaron hasta Vigo vía Lisboa, como turistas, donde otras personas se encargarían de recogerlas y trasladadas a un club de la provincia. Hasta ese momento, no se imaginaban que el trabajo que iban a desarrollar nada tenía que ver con lo pactado.  “No conocía a nadie aquí tuve que aceptar”, reconocía una de ellas ante la Guardia Civil.
Las condiciones variaron por completo. No había sueldo mensual estipulado, ganarían según  el trabajo diario, y los “clientes” a los que dieran servicio y tendrían que quedarse allí hasta saldar la deuda contraída que se situaba entre los 3.000 y 5.000 euros.
El horario era de nueve horas de domingo a jueves desde las siete de la tarde y de once horas los viernes y sábado con un único día libre a la semana. No estaba permitido no trabajar por enfermedad o por falta de clientes, algo que suponía  el pago de multas de entre 10 y 60 euros y algunas relataron  cómo eran agredidas a diario para que trabajaran.  Huir no era una opción.  Las advertencias sobre marcharse sin haber saldado deudas eran claras. El temor les impidió avisar a la Policía o comentárselo a algún cliente , “no sabía qué iba a pasar”.
Tras ser liberadas, ahora son testigos protegidos (TP). 
La trata de personas con fines de explotación sexual es la causa que genera mayor demanda de testigos protegidos. En los dos últimos años en Vigo y el resto de la provincia una decena de mujeres fueron declaradas TP en causas abiertas en los juzgados. la unidad policial que se encarga de dichas investigaciones, la Ucrif, colabora con una serie de asociaciones que trabajan por salvaguardar  y ayudar a los testigos una vez finaliza la investigación y el juicio.  Dicha colaboración se articula en  la Rede Galega de Trata, que funciona gracias a un protocolo de actuación entre Xunta, Policía Guardia Civil, Fiscalía y  ONGs.
 Fuera de este tipo de investigaciones, ser reconocido como testigo protegido supone la salvaguarda de la identidad de esa persona durante el proceso judicial. Su identidad y datos personales se recogen en sobre cerrado por el letrado de la Administración de Justicia y pasa a ser identificado mediante las siglas TP y un número. Eso supone  poder declarar, por ejemplo, con la voz distorsionada.
Su testimonio, en los casos de captación de redes es fundamental para poder llevar ante la justicia a los responsables. La protección a estas mujeres ha elevado el número de procesos judiciales y de condenas, así como de cierres de clubes por irregularidades.n