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Aplazado hasta febrero el juicio a los comuneros de Valladares acusados de incapacitar a un ciclista

El juicio que se iba a celebrar desde este lunes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, contra cuatro miembros de la Comunidad de Montes de Valladares por colocar obstáculos en caminos forestales e incapacitar a un ciclista ha quedado aplazado hasta febrero.



Fuentes judiciales han apuntado que el motivo de este aplazamiento es la incomparecencia, por motivos de salud, de un abogado de una de las partes. Por ello, la vista no se ha podido celebrar como estaba previsto, y se ha trasladado a la semana del 26 de febrero.

Según el escrito de la Fiscalía, debido a que el elevado número de ciclistas de `mountain bike` que transitaban por los terrenos de la comunidad de montes estaba "causando molestias" a alguno de los comuneros, el vicepresidente de la entidad y responsable de los trabajos de mantenimiento y conservación, J.C.A., "ordenó" a una cuadrilla de trabajadores "la colocación de obstáculos" en los caminos.

Así, el 4 de septiembre de 2014, "con el propósito de impedir o cuando menos dificultar la práctica" de los ciclistas, la cuadrilla compuesta por A.V., R.P. --que cumplía trabajos en beneficio de la comunidad-- y M.G.V., cortó en la zona de Cubiles diversos árboles que dejaron a medio talar y doblados sobre el camino, y en Freixo colocó "varias grandes piedras que resultaban obstáculos imprevisibles" para los deportistas.

Fruto de ello, esa misma tarde, el ciclista D.G.V. se vio sorprendido por una piedra cuando realizaba un salto, cayendo encima. Como consecuencia, sufrió varias fracturas por las que precisó su ingreso hospitalario y que le dejaron una paraplejia completa por debajo del nivel lesional, así como otras lesiones, por las que en 2015 se le atribuyó una incapacidad permanente absoluta.

Por todo esto, el fiscal acusa a los cuatro hombres de sendos delitos de lesiones por imprudencia grave y pide para cada uno de ellos una pena de dos años y medio de prisión, además de que indemnicen a la víctima en más de 830.000 euros y a sus familiares en la cantidad que corresponda por "sustancial alteración de la vida".

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