En el año del Patrimonio Cultural Europeo una joya de la arquitectura románica está en ruinas, a punto de desaparecer, sin que ninguna de las tres administraciones implicadas aporten una solución concreta.
Los propietarios del monasterio aseguran haberse puesto en contacto con el Concello de Crecente, la Xunta de Galicia y la Deputación de Pontevedra sin obtener nada. De la administración local afirman haber recibido una única respuesta, “no estamos interesados”; por parte de Patrimonio, “sólo buenas palabras, pero nunca han vuelto a contactar” y el ente provincial tampoco movió ficha.
Consultado por este medio, el alcalde de Crecente, Julio García-Luengo, declaró que tenían en la agenda “negociar con los particulares una posible solución” y afirmó que ésta pasaría por “una cesión o la venta a una administración”. Reconoció que solo la limpieza de las ruinas supondría un desembolso de 300.000 a 400.000 euros: “Es una intervención que no se puede llevar a cabo sin que haya autorización con acuerdo de cesión, venta o donación”, declaró.
Desde la Consellería de Cultura, apuntaron que el inmueble ya forma parte del Catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia y por tanto, cuenta con el grado de protección que ello implica. Al estar en manos privadas, añadieron dichas fuentes, “según la legislación vigente es el propietario de los bienes inmuebles el que está obligado a mantenerlos y a conservarlos en su debido estado”. Pese a su valor cultural, indicaron que “no existen órdenes de subvenciones públicas de la Xunta para incrementar el valor de propiedades privadas sin que la sociedad y el ‘público’ reciba un beneficio o compensación por ello” y que “destinar ayudas a través de inversiones públicas a la mejora de propiedades privadas no es posible y al no estar declarado BIC (Ben de Interese Cultural), el propietario tampoco está obligado a abrir al público”.
La Deputación por su parte, indicó que dispone de ayudas para que los concellos mantengan su patrimonio, el que promocionan, siempre que sea visitable. Sin embargo, puntualizaron que “es la Xunta la administración con competencias”.
