Registradores de la Propiedad y Mercantil comienzan a gestionar el trabajo en materia de nacionalidad
La llamada privatización del Registro Civil sigue en marcha después de que el Ministerio de Justicia haya anunciado hace unos días la encomienda de gestión de las nacionalidades a los registradores y notarios. Este anuncio ha destapado dos encomiendas previas en los últimos dos años en los que fueron desviados estos trámites del Registro Civil. “Aunque no contamos con datos exactos del número de expedientes de nacionalidad que fueron tramitados por registradores y notarios en Vigo, sí sabemos que suponen el 50% de los asuntos que se llevan en el Registro Civil”, explicó Yolanda Aguiar, presidenta de la plataforma SOS Xustiza.
La reforma que pone en marcha el Ministerio de Justicia y por la que Vigo en particular lleva rebelándose desde que fue anunciada por el anterior titular Alberto Ruíz -Gallardón ha tenido una experiencia previa en los dos últimos años no sólo en el Registro Civil de Vigo, sino en el resto de España, donde se han desviado un total de 425.000 expedientes públicos de nacionalidad.
La tercera encomienda que se prevé poner en marcha encarga a los registradores de la propiedad la tramitación de expedientes de adquisición de nacionalidad, mientras que los notarios se ocuparán de la realización de las juras o promesas de fidelidad al Rey y de obediencia a la Constitución y a las leyes, trámite imprescindible para la adquisición de la nacionalidad por residencia.
Aunque hasta ahora, la experiencia previa ha sido gratuita para los usuarios; funcionarios, sindicatos y plataformas judiciales consideran que no lo será a partir de ahora. “Se ha estado abonando el terreno en estos dos años pero el Gobierno pretende que dichos trámites dejen de ser gratuitos”, explica Aguiar mientras que la plataforma a la que representa acusa al Gobierno de “burda mentira y manipulación cuando afirma que los trámites civiles” no tendrán coste para los usuarios. De hecho, dicho colectivo se apoya en una de las enmiendas presentadas por el PP al Proyecto de Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes y que aparece publicada en el boletín del Congreso de los Diputados del 19 de febrero.
La nueva ley, según la enmieda propuesta por este partido permitiría a los registradores cobrar el arancel que fije el Gobierno por la tramitación de todos los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia.
“El Ministerio trabaja en un expediente digital de nacionalidad, que excluirá de su tramitación a los registros civiles y dejará de ser gratuito”, afirma Yolanda Aguiar.
Los trabajadores del Registro Civil de Vigo, con el apoyo unánime de sus representantes sindicales, así como de abogados, procuradores y otros colectivos profesionales llevan más de un año concentrándose para impedir que la normativa sobre el Registro Civil siga en marcha.
Ahora, temen por el futuro de sus puestos de trabajo, un centenar en todos los juzgados de la provincia.n
