Un informe propone que los vehículos incorporen detectores de riesgo de atropello a peatones o ciclistas
n n n Los sistemas de asistencia avanzada al conductor, los ADAS, podrían reducir a la mitad las cifras actuales de la siniestralidad vial en España, es decir, podrían ahorrarse 850 muertes, 4.500 heridos, 50.000 accidentes y 4.300 millones de euros en asistencia sanitaria. Así lo han calculado la Fundación Mapfre, la empresa Track Surveying Solutions y las asociaciones de víctimas Aesleme y Stop Accidentes, que ayer entregaron al director general de Tráfico, Gregorio Serrano, un documento con propuestas para que se incluyan en el nuevo plan estratégico de seguridad vial que quiere diseñar el Ministerio del Interior con todos los agentes implicados.
Todos ellos, que basaron su propuesta en un informe de la Dirección General de Tráfico (DGT), entre otros, abogan por que los vehículos incorporen de serie esos sistemas, a la vez que hacen hincapié en la necesidad de afrontar la renovación del parque de vehículos español dada su antigüedad.
Entre esos sistemas, los proponentes citan los de detección de riesgo de atropellos a peatones y ciclistas, que pueden llegar a evitar 7.500 accidentes; los que avisan del riesgo de colisión frontal (se evitarían 10.000 siniestros); los que alertan del cambio involuntario de carril (una causa que provoca casi la mitad de las muertes), los detectores de fatiga y de consumo de alcohol (alcolocks) o los que vigilan el ángulo muerto.
legislación europea
Serrano recogió el guante, más que nada porque la DGT tiene un informe sobre la influencia de los ADAS en la seguridad vial y porque el próximo día 28 expondrá él mismo en Malta, en la reunión de alto nivel de responsables de tráfico de la UE, la necesidad de que Europa legisle en este sentido.
Hoy en día, los ADAS están presentes solo en el 20% de los modelos comercializados, por lo que los proponentes han pedido que se incentive su instalación en los vehículos que no los tienen, lo que tendría un coste de unos 800 euros.
Otras propuestas pasan por promover la instalación de cajas negras, asistentes o limitadores de velocidad en todos los tipos de vehículos, así como de alcolocks, unos dispositivos que impiden arrancar un coche cuando el conductor ha bebido.
También demandan un nuevo Plan PIVE para la renovación del parque (los coches implicados en accidentes mortales tienen una antigüedad media de 13 años) que, entre otras cosas, apoye económicamente un equipamiento como alertas de colisión, sistemas de airbags adicionales y cámaras traseras.
Serrano es partidario de que se arbitren medidas fiscales para la renovación del parque, pero reconoce que este asunto no es competencia de Interior, a la vez que apela a la corresponsabilidad de las marcas de vehículos para promover la inclusión de los ADAS de serie y no como extras.
Algunas de las medidas ya se están experimentando, como las cámaras instaladas en 4 autobuses urbanos de Granada para la detección de los ángulos muertos y de los usuarios de la vía más vulnerables (peatones, ciclistas, niños) que puedan estar próximo al vehículo y en riesgo.n
