Hacienda plantea el copago de las consultas y urgencias

Una doctora atiende a un paciente en una ambulancia durante una urgencia médica.
photo_camera Una doctora atiende a un paciente en una ambulancia durante una urgencia médica.

El Ministerio debatirá con las autonomías una batería de 255 medidas para racionalizar el gasto

nnn  El copago de diversos servicios sanitarios, como la asistencia a consulta médica y las urgencias, o que el paciente asuma un coste por la expedición de las recetas médicas, serán algunas de las propuestas de "racionalización del gasto público" que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y las comunidades autónomas tendrán sobre la mesa en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo día 31.
Entre otros asuntos del orden del día, el Departamento dirigido por Cristóbal Montoro y las autonomías analizarán un documento con un total de 255 medidas para la "racionalización y mejora de la eficiencia del gasto público" generado por un grupo de trabajo creado 'ad hoc' el pasado mes de junio.
El texto fue remitido por el Ministerio a todas las comunidades para que tengan oportunidad de analizarlo antes de la próxima semana, aunque el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, puntualizó que no se trata de propuestas del Ejecutivo, sino de medidas planteadas por las propias autonomías. "El Ministerio defiende que no hacen falta en este momento más recortes sino que lo que hace falta es eficiencia en el gasto", explicó.

racionalización del gasto 
Esta batería de propuestas de "racionalización" abarca ámbitos muy diversos que afectan a los funcionarios, las televisiones autonómicas o el uso de los servicios públicos, pero sobre todo incluyen numerosas propuestas relativas a la prestación sanitaria. Entre ellas se encuentra el copago por la falta de asistencia a citas programadas, el copago por asistencia a consulta médica y de urgencias o el copago por prestaciones ortoprotésicas, interrupciones del embarazo y fecundaciones in vitro. También incluye el establecimiento de una cuantía mínima por la expedición de recetas a los pacientes, diferenciando entre pensionistas y trabajadores activos y teniendo en cuenta a los enfermos crónicos; y la posible desgravación para ciudadanos con seguro privado.
Las comunidades también plantearon alternativas como controlar el número de prescripciones por paciente, la revisión de la cartera de servicios, la regulación de los turnos médicos y centralización de guardias o establecer una regulación "más clara" para la atención sanitaria a la población inmigrante. Otras medidas serían el alquiler de instalaciones al sector privado, el cobro de aparcamientos en los hospitales, el establecimiento de tasas hosteleras en los centros médicos o la compensación económica específica a las autonomías por el incremento del IVA sanitario. En cuanto al personal del sector público administrativo, algunas de las propuestas giran en torno a la supresión o reducción del complemento de productividad, la eliminación de los complementos adicionales de las pagas extra de junio y diciembre o la supresión de los planes de pensiones.
En políticas activas de empleo, la supresión de gastos no vinculados a esta actividad o la revisión del gasto en formación. 
Otras de las propuestas puestas sobre la mesa contemplan un ajuste contrato-programa de las televisiones autonómicas, así como mejoras en el uso del parque móvil compartiendo vehículos o limitando su uso y estudiar la concesión privada de determinados servicios públicos.
El documento incluye medidas para la eliminación de duplicidades, tendentes a la eliminación de diversos entes públicos, como la asunción por parte de la Agencia de Protección de Datos de todas las regiones.n

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